Colectivos, afectados con impuesto de guerra

Las empresas del transporte urbano y muchos comercios de San Pedro Sula han tenido que incluir como un costo fijo más en sus controles administrativos el expolio que tienen como obligación pagarles a los pandilleros cada semana.

Para efectos contables, los transportistas en sus empresas registran ese egreso irónicamente como gasto de seguridad ciudadana porque los mareros les cobran el dinero bajo coacción diciéndoles que cómo utilizan su territorio, o barrio, como corredor para trabajar, les darán protección y que no les van a asaltar las unidades.

Bajo el mismo argumento les cobran “el impuesto” a pulperías, talleres, pequeñas empresas, glorietas y otros negocios ubicados en barrios y colonias. En el sector este de la ciudad es donde más se da ese ilícito, según las averiguaciones de la Policía.

Los taxis, rapiditos y los buses urbanos del servicio convencional les pagan al mes a los pandilleros por ese ilícito impuesto un promedio de 2,300,000 lempiras.

Del comercio y pequeñas empresas que operan en los barrios, los pandilleros también reciben cantidades millonarias al mes que son incuantificables por el gran número de establecimientos que hay en la ciudad a los que les cobran tarifas distintas dependiendo de su actividad y tamaño. Las autoridades policiales y empresariales no tienen una cifra de lo que les genera ese lucrativo ilícito a las pandillas en el sector comercial porque la información que manejan es poca por la falta de denuncia de los afectados.

En las indagaciones hechas por LA PRENSA se estableció que la tarifa más baja que cobran es a las pulperías pequeñas, la cual es de 300 lempiras a la semana y el cobro a otros negocios más rentables como talleres industriales, ferreterías y pequeñas empresas oscila entre mil y dos mil lempiras por semana.

Según lo informado por autoridades policiales, entre las empresas afectadas por ese ilícito figuran las de servicio de cable e Internet que tienen que pagarle a los miembros de pandillas por dejarlas operar en barrios populosos del sector este y aparte del “impuesto de guerra” les piden cortesías; pero las compañías no denuncian por temor a represalias.

Colectivos pagan más

En el sector transporte, los más esquilmados con ese cobro extorsivo son los taxis colectivos. Según las cifras que manejan las organizaciones de esa actividad, en la ciudad operan alrededor de 3,000 unidades de ese tipo.

Cada taxi colectivo paga cien lempiras semanales a los mareros, lo que en promedio suma 300,000 lempiras cada semana. Los colectivos son los más afectados porque tienen un lugar de origen y destino, o sea un corredor, y eso permite que los pandilleros tengan control sobre ellos. En la ciudad hay unos 1,500 rapiditos y a cada uno los mareros les cobran cien lempiras a la semana, lo cual hace una cantidad aproximada de 150,000 lempiras.

Las cifras que manejan las organizaciones del transporte indican que en el servicio convencional urbano hay unas 450 unidades, conocidas en el ambiente de ese negocio como buses cañeros, a los cuales les exigen la misma cantidad de dinero que los taxis y rapiditos cada semana. Ese sector paga a la semana 45,000 lempiras por esa extorsión de los pandilleros.

Conforme a los datos de las organizaciones del transporte, los rapiditos pagan un promedio de 600,000 lempiras al mes de “impuesto de guerra”, los colectivos tienen una erogación de 1,200,000 lempiras y los buses del servicio convencional pagan unos 180,000 lempiras mensuales. Las tres cifras hacen en total 1,980,000 mil lempiras al mes. En la ciudad además hay unos de 2,500 taxis ruleteros, los cuales también son afectados por ese cobro ilegal, en menos medida que los colectivos. Los ruleteros son esquilmados con un aproximado de 300,000 lempiras mensuales.

Lo que pagan los rapiditos, buses convencionales, taxis colectivos y ruleteros hace un total aproximado de 2, 300,000 lempiras al mes, según lo informado por fuentes de las organizaciones del transporte.

Llevan control exacto

Cuando no les pagan el impuesto de guerra, los pandilleros, en represalia, atracan las unidades, las chocan y en muchos casos han matado a motoristas, ayudantes y pasajeros. Transportistas entrevistados por LA PRENSA que no dieron sus nombres por seguridad dijeron que los miembros de esas organizaciones ilícitas llevan un mejor control que los socios de las empresas en cuanto al rol de los buses porque saben con exactitud los que trabajan cada día y los que no lo hacen.

Si una unidad trabajó tres o cuatro días a la semana y los otros días no, siempre le cobran la tarifa que exigen y si no se las pagan asaltan el bus. El reclamo del dinero lo hacen una vez a la semana a partir de la lista de los buses que, según ellos, trabajaron.

Los pandilleros para recaudar el impuesto de guerra ponen como condición que sean los despachadores o encargados de las rutas que se los entreguen y mandan mujeres o niños a traerlo.

Los mareros han ido perfeccionando la manera de cobrar el criminal impuesto porque antes exigían cantidades alejadas de la realidad y ahora el cobro lo han individualizado por unidad. Según los entrevistados, a veces dentro de las mismas rutas hay motoristas, ayudantes y personas allegadas a los transportistas que se infiltran, los cuales aprovechando la coyuntura de las maras forman bandas para cobrar el impuesto de guerra o extorsionar.

“Pero por el temor de averiguar o adentrarse en eso, lo hace caer a uno porque lo más fácil es no complicarse y mejor doy los cien lempiras y mi carro queda trabajando y uno protege su inversión. Si no se les paga se corre el riesgo de que le asalten el bus y al final pierde más uno porque cuando se da un delito en la unidad, como un homicidio, la Policía la decomisa y se tardan en entregarla y hay que pagar apoderado legal para que la reclame. Al final lo que uno compra es tranquilidad”, manifestó uno de los transportistas abordados.

Los transportistas que hablaron con LA PRENSA coincidieron en que el problema del impuesto de guerra se ha vuelto incontrolable.

“Nosotros hemos contribuido porque alimentamos el delito desde un inicio y no tomamos los correctivos en su momento. Esa gente ahora yo no son mareros, sino que empresarios del crimen”, aseveró uno de los empresarios de esa actividad.

Citó que una ruta que ha frenado un poco ese problema es la 2 “porque han hecho lo que no hemos querido hacer muchos, que es afrontarlo; ellos sí lo han hecho porque se han aliado con la Policía.

Ese logro es debido a la decisión de la directiva de hacerle frente al problema, pese a que han tenido amenazas e incluso hay gente que ha cambiado de domicilio por seguridad”.

Aseguran a los motoristas

Ser motorista de los autobuses urbanos e interurbanos se ha vuelto un oficio de alto riesgo porque cuando no se accede a las exigencias de los pandilleros el primer eslabón del peligro en las represalias son los conductores y por eso algunas empresas están comprando seguros de vida para ellos.

En el caso de las empresas del transporte interurbano el cobro del impuesto de guerra lo hacen en un solo lugar.

Transportistas del sector interurbano manifestaron que las pandillas les han subido la tarifa de ese cobro extorsivo porque antes las empresas pagaban 3,500 lempiras al mes y ahora les cobran 10,000 lempiras.

Expusieron que una de las situaciones que les infunde temor para denunciar el cobro ante las autoridades es que cuando lo han hecho a pocas horas de haber puesto en conocimiento a la Policía los pandilleros llaman diciéndoles en forma amenazante: “Ya fueron a poner la denuncia, ¿verdad?, ya van a ver lo que les va a pasar”, dijeron.