EUA, el paraíso para los comerciantes de la droga

Si fuera una actividad legal, el tráfico de drogas en Estados Unidos sería un boyante negocio, cerca, incluso, de ser una de las principales industrias del país: pocos sectores pueden presumir de tener un mercado de casi 20 millones de potenciales consumidores fieles dispuestos a pagar regularmente más de 100 dólares por un producto de consumo inmediato.

Ni el consumo ni el tráfico son por supuesto legales, y de hecho Estados Unidos se precia de ser uno de los países con más duras penas judiciales para combatir cualquier relación con las drogas. Pero el mercado, aunque clandestino, es una realidad y muy floreciente. Marihuana, heroína y metanfetamina encuentran en el gigante norteamericano la demanda casi perfecta. Más allá de la marihuana, la gran reina sigue siendo la cocaína, la primera de las drogas consideradas “duras”, con más de siete millones de consumidores habituales.

Según estimaciones del gobierno estadounidense, entre 530 y 719 toneladas de cocaína entraron en el país en 2006. Cruzados con los datos que maneja la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, el resultado es que sólo en Estados Unidos se vende aproximadamente el 46 por ciento de la producción mundial de la droga más consumida.

El 90 por ciento de la droga llegó a Estados Unidos a través del denominado “corredor México-Centroamérica”, procedente casi en su totalidad de Colombia, Perú y Bolivia, según la ONU. Hasta mediados de los 90, la mayoría de los estupefacientes llegaban a través del Caribe y el sur de Florida.

Lo que los expertos llaman la “epidemia de la cocaína” en Estados Unidos comenzó a finales de los 60, tomó impulso en los 70 y alcanzó su punto más alto en los 80, con unos nueve millones de consumidores habituales. En los 90 se registró un descenso hasta los niveles de hoy. Sin embargo, la reducción del número de consumidores no se tradujo en un menor consumo: los que toman cocaína lo hacen en mayor cantidad, aproximadamente en una proporción ocho veces superior a la de los consumidores “leves”.

Desde hace décadas, el gobierno estadounidense invierte miles de millones de dólares en el combate por medios policiales y judiciales del tráfico y el consumo de drogas, especialmente por el lado de la producción. Según Graham Gillette, vicedirector de la oficina del “zar” antidrogas de la Casa Blanca a principios de los 90, durante los ocho años de mandato del presidente George W. Bush los aportes económicos para luchar contra la oferta de drogas crecieron un 57 por ciento.

Eso incluyó, por ejemplo, unos 5,000 millones de dólares para el Plan Colombia, y los primeros 385 millones de la Iniciativa Mérida, para colaborar con México y Centroamérica en la lucha contra los cárteles de droga. Los resultados son significativos. Según los datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en 1980 se realizaron unos 500,000 arrestos relacionados con drogas, que en 2007 habían crecido hasta los 1.8 millones, hasta convertirse en el principal motivo de detenciones en el país. Los decomisos superaron las 1,300 toneladas en total.

Las autoridades presumen de que sus esfuerzos tienen unos resultados visibles, y lo demuestran con una catarata de datos. En agosto de 2007 el “zar” antidroga de la Casa Blanca, John Walters, aseguró que los esfuerzos policiales habían provocado como resultado una interrupción de la oferta de cocaína en 37 ciudades estadounidenses, lo que además incrementó el precio de media en todo el país de unos 95 dólares por gramo hasta los 118 dólares.

Según el Sistema de Recuperación de Datos sobre Pruebas de Drogas, Stride, una base de datos policial, hasta junio de 2008 los precios de la cocaína estaban en 123 dólares por gramo puro, casi 30 dólares más que tres años antes, y la pureza bajó hasta el 54 por ciento, doce puntos porcentuales menos que en 2005.

La directora interina de la Agencia Estadounidense Antidroga, DEA, la principal arma del país en el combate del narcotráfico, aseguró recientemente que el precio de la cocaína creció un 104 por ciento en los últimos 24 meses, y que la pureza de los decomisos se redujo un 34.8 por ciento.

“En los 35 años de historia de la DEA no vimos un período de 24 meses con el impacto que estamos viendo ahora, y está directamente relacionado con nuestras operaciones”, aseguró Michelle Leonhart al anunciar la operación que a lo largo de 21 meses detuvo a 755 miembros del temido cártel de Sinaloa mexicano. “Eso es un impacto en el mercado”. El gobierno también cimenta sus argumentos en la encuesta que realiza trimestralmente en centros de trabajo para estimar el consumo de cocaína. Los últimos datos disponibles dicen que en el segundo trimestre de 2008 el 0.46 por ciento de los trabajadores dio positivo, frente al 0.73 por ciento de dos años antes. La reducción equivale a un 63 por ciento.

Desde hace décadas, el gobierno invierte miles de millones de dólares en el combate del tráfico de drogas.
El impacto, sin embargo, es insuficiente. Durante décadas, los países productores y víctimas del narcotráfico solicitaron a Estados Unidos que se implicase con la misma fuerza en la lucha para reducir la demanda. “Mientras no haya una reducción de la demanda en su territorio, será muy difícil reducir la oferta en el nuestro”, le dijo el presidente Felipe Calderón al propio Bush durante una visita del mandatario estadounidense a México en 2007.

Sus súplicas y las de otras decenas de expertos cayeron casi siempre en saco roto: durante el mandato de Bush, por ejemplo, los recursos presupuestarios para programas de prevención y tratamiento apenas crecieron un 2.7 por ciento, por debajo de la inflación. De hecho, desde 2002 se produjo una reducción neta de 163 millones de dólares, y la ratio de dedicación de recursos entre el combate de la oferta y la demanda pasó de 55-45 a 64-36 por ciento.

La DEA, por ejemplo, asegura en su web entender que “el combate policial por sí sólo” no puede resolver el problema de drogas en Estados Unidos”. Para ello, creó la figura de los “coordinadores de reducción de la demanda”, DRC, para que trabajen con organizaciones civiles y funcionarios locales y estatales en combatir la demanda. El problema, de nuevo, es la escasez de recursos: apenas hay 31 DRCs para un país de 300 millones de habitantes. Y su trabajo es sólo a tiempo parcial, porque al mismo tiempo deben cumplir sus funciones como agentes especiales de la agencia.

Últimamente cambió algo; sin embargo, en la mentalidad de las autoridades estadounidenses, al menos de palabra, aseguran ser conscientes de su responsabilidad. “El problema, amigos míos, también está aquí”, afirmó recientemente en el Capitolio el congresista demócrata Eliott Engel, presidente del subcomité para América de la Cámara Baja. “Mientras haya demanda de narcóticos ilegales en Estados Unidos, los suministradores venderán su cocaína, metanfetamina y heroína en nuestras calles”, agregó el congresista neoyorquino.

Pero a pesar de todos los esfuerzos en uno u otro sentido, de los números y las detenciones, los resultados son “ilusorios”, como lo definió Larry Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, un “think tank” con sede en Washington.

El último informe “Estimación de la Amenaza Nacional de las Drogas”, elaborado anualmente por el Departamento de Justicia y hecho público en diciembre, asegura que “no está claro” cuál es el verdadero motivo detrás de la reducción del suministro, e incluso, reconoce que lo más probable es que no tenga nada que ver con la acción de Estados Unidos, sino con el incremento de la demanda en Europa y Sudamérica.

Las previsiones para el futuro son todo menos halagüeñas. “A pesar de declives en la disponibilidad de y el consumo de cocaína, la demanda de la droga se mantendrá probablemente alta en el corto plazo”. “Las tasas de uso se mantendrán más altas que cualquier otra droga, excepto la marihuana”, agrega el informe. Además, los efectos de la prevención entre los jóvenes están teniendo el efecto contrario al deseado.