Honduras
La Fiscalía de Lucha contra la Corrupción y la Procuraduría General de la República intervinieron ayer el Instituto de la Propiedad, IP, por supuestos actos ilícitos.
La institución fue visitada por una denuncia que recibió el Ministerio Público en la que se señalan que existen supuestas irregularidades en la inscripción de propiedades, ya que éstas no cumplen los requisitos establecidos.
El portavoz de la Fiscalía, Elvis Guzmán, informó que para el próximo 5 abril citaron al registrador civil José Armando Uclés con el propósito de que rinda una declaración más amplia de estas supuestas acciones irregulares y presente pruebas fundamentales para deducirles responsabilidades a quienes corresponda.
“La investigaciones se hacen por la probable inscripción de propiedades sin que cumplan los requisitos que establece la ley. Además, porque algunos empleados se han confabulado para entregar únicamente una parte de los fondos por impuestos para quedarse con la otra”, dijo el portavoz.
Guzmán refirió que algunos trabajadores que supuestamente estarían implicados en estas acciones irregulares ya han sido despedidos.
Recalcó que en un informe se detallará el monto que supuestamente han defraudado al Estado, cuántas personas están implicadas y qué propiedades.
Bufete denunció ilícitos
Se supo que el sindicato de trabajadores del Instituto de la Propiedad denunció a los jefes de dicha institución gubernamental, ya que aducen que son los responsables de las supuestas acciones irregulares.
El registrador civil José Armando Uclés dijo que hace quince días un equipo de trabajo del IP detectó que con ocasión de la presentación de un documento para ser inscrito, había adulteraciones de documentos denominados TGR1, en que consta el pago de la tasa de servicio registral y el impuesto de introducción de bienes cuando no hay una transacción.
“En relación con este procedimiento hay un bufete al que se le negaron provisionalmente dichos instrumentos y se les pidió una explicación de la alteración de los recibos que sirven de tributos para el Estado. Se presentaron los representantes del bufete y nos explicaron cómo se hacía la adulteración y falsificación de la documentación”, dijo.
Uclés aseguró que el bufete solicitó la auditoría de los documentos.
“La investigación empieza a petición del bufete afectado por empleados de ellos en complicidad con algunos trabajadores del IP.
El personal fue investigado uno por uno. Por eso se tomó la determinación de cancelar esta gente porque estaban involucrados en actos ilícitos”, aseguró.
