El camino a la crisis de 2009 en Honduras

El informe que - hace unas semanas - presentó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, analiza, entre otras cosas, el periodo antes de la destitución de Manuel Zelaya Rosales de la Presidencia de la República, señalando los puntos conflictivos que habían creado en el país un ambiente de inestabilidad, que terminó por desencadenar la crisis política el 28 de junio de 2009.

Ruta a la crisis política

En el capítulo 5 del informe de la CVR, que lleva por nombre “Gobierno de Manuel Zelaya Rosales y los Poderes del Estado de Honduras”, se describen las acciones más relevantes de la administración de Mel que contribuyeron a la desestabilización del orden en el país. Uno de los puntos resaltados en este capítulo es la friccionada relación que imperó entre los representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En este contenido se describen varios de los capítulos que enfrentaron a estos dos poderes:

Relaciones y enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo

Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo pueden ser una fuerte fuente de inestabilidad política que ponga en peligro el sistema democrático.

En Honduras, la percepción de los diputados sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo como elemento de inestabilidad y amenaza democrática ha aumentado en la última legislatura.

Si hasta el año 2002, menos de un 17% veía estas relaciones como potencial fuente de enfrentamiento, en la actualidad el 24.2% de los diputados piensan que puede ser una amenaza para la democracia. Probablemente los diversos enfrentamientos que durante el gobierno de Zelaya se sucedieron entre ambos poderes han alertado a los diputados de estos peligros.

Luego, más adelante, el informe enumera varios episodios de confrontación entre el Poder Ejecutivo, liderado por Manuel Zelaya, contra el Legislativo, dirigido por Roberto Micheletti.

Desde el punto de vista institucional, hay varios momentos de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso durante el gobierno de Zelaya que ponen al descubierto diferencias sustantivas entre las dos instituciones o, más concretamente, entre las personas que están a su mando. La renovación de la Corte Suprema de Justicia o la huelga de fiscales, por ejemplo, son dos casos de enfrentamientos en temas de ámbito interno. Sin embargo, la política exterior es una fuente fundamental de desavenencias. A pesar del escaso apoyo que Zelaya encontraba en la bancada liberal en el Congreso, este aprobó dos propuestas en el ámbito de la política exterior. La primera era la firma de un acuerdo con Petrocaribe, que aseguraba un acceso ventajoso al petróleo; la segunda fue la entrada de Honduras a la Alba.

La aprobación por parte del Congreso de ambas iniciativas contrasta de forma sorprendente con un rotundo rechazo que en las entrevistas han revelado numerosos sectores hacia estas propuestas. Este ambiente de confrontación es relatado por el abogado Arístides Mejía en la entrevista realizada por los comisionados:

“…El momento era de degradación política, era una confrontación institucional y política de todo tipo, había una confrontación con los medios, una confrontación con cierto grupo empresarial fuerte que había atraído a su campo a los otros empresarios, había una confrontación en el interior del Partido Liberal, donde veladamente se disputaba el liderazgo entre el expresidente Flores y el presidente Manuel Zelaya Rosales, y había varios juegos en torno a esta situación, también uno de carácter internacional.

Es decir, era una situación bien compleja y en el centro la preocupación del general -Romeo- Vásquez y de los demás militares de ver qué salida iba a haber a ese problema, porque los dos sectores estaban jugando a la lealtad de las Fuerzas Armadas, porque eso era lo que iba a inclinar la balanza como en efecto ocurrió; es decir, el otro sector estaba presionando a las Fuerzas Armadas para que desobedeciera a Mel Zelaya y obedeciera la orden judicial y eso significaba que las Fuerzas Armadas iban a pasar al bando de ellos prácticamente.

Todo esto ya no tenía nada de legal, sino de político, el resultado sería político, significaba que el Presidente iba a empezar a perder la batalla que estaba planteando, porque los militares iban a acatar las órdenes de una justicia que estaba controlada por un bando…”

Reformas electorales

En los asuntos internos, un primer desacuerdo surgió a raíz de las reformas electorales que proponía el Congreso y que, según un entrevistado, no se le consultaron al Presidente, a pesar de que los cambios introducidos afectaban el presupuesto del Estado.

Las reformas, aprobadas al inicio de la legislatura, en diciembre de 2007, también adelantaban tres meses la celebración de las elecciones primarias, pasándolas de febrero de 2009 a noviembre de 2008. La reacción por parte del Ejecutivo fue la de vetar la ley.

La respuesta del Congreso, sin embargo, fue ratificar constitucionalmente la ley. Como lo señala el entrevistado, esto supuso una muestra o una “prueba de fuerza política” del Congreso: “El presidente Zelaya con toda la popularidad que tenía nos tiró los medios. Nos arrinconó, al punto que tuvimos que derogar algunas cosas de las reformas que se hicieron”.

El cambio de fecha para la celebración de las primarias implicaba en la práctica un desplazamiento del protagonismo político de la Presidencia hacia las candidaturas. Además, suponía que dos años antes de la celebración de elecciones generales, los partidos, pero sobre todo algunos candidatos potenciales, tuvieran que comenzar a desarrollar su nuevo proyecto político dejando de lado las tareas habituales, lo que en el caso del partido en el Gobierno tiene una repercusión grave sobre las funciones públicas.

Huelga de fiscales

Un segundo conflicto que observamos entre ambos Poderes se dio a raíz de la huelga de hambre de los fiscales, que fue comenzada por cuatro fiscales el 7 de abril de 2008. La demanda inicial tuvo su origen en la protesta de los fiscales contra la corrupción y demandaban la apertura de numerosos juicios por este motivo.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo no sólo aumentó el número de fiscales en huelga (a los que se sumaron otras personas ajenas al Poder Judicial), sino que también se sumó, a las demandas iniciales, la petición de la destitución del fiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista, así como del fiscal general adjunto, Omar Cerna.

La protesta sirvió para modificar la legislación, de modo que el Congreso terminó aprobando un decreto que reformaba el artículo 25 de la Ley del Ministerio Público y que permitía investigar y sancionar la actividad pública ejercida por el Fiscal General y el adjunto.

La protesta de los fiscales finalizó más de un mes después de su inicio, a mediados de mayo, con la entrada en vigor del decreto que modificaba dicho artículo.

En cualquier caso, esta situación generó problemas, no sólo con el Congreso que vio instalada una protesta a las puertas de su mismo edificio, sino también porque la huelga tenía el apoyo presidencial, según se advierte en la prensa y afirma uno de los entrevistados: “Él -Zelaya- apoyó la huelga de los fiscales, contra el Fiscal, su amigo. Entonces, el Fiscal General no le perdonó esa, no se lo ha perdonado. Porque hubo una huelga de hambre de fiscales y estos fiscales recibían apoyo de la Casa Presidencial y todo eso y publicidad”.

En este momento, además, también era posible leer en la prensa algunas opiniones que ya hablaban de la intención de Zelaya de establecer una constituyente para prolongar su presidencia y de querer designar un Fiscal General del PL “amable” con Zelaya, una vez terminado su periodo presidencial; ideas, por otro lado, claramente contradictorias entre sí.

La elección de la Corte

La elección de los componentes de la Corte Suprema de Justicia fue otra situación de conflicto entre estos dos Poderes del Estado y los comisionados hemos encontrado que este hecho representó un antecedente crítico para el 28 de junio de 2009.

Por ello se hizo una serie de entrevistas con actores claves de este hito.

La Corte es el máximo órgano jurisdiccional y está integrada por 15 magistrados (Art. 308 de la Constitución). La renovación de la Corte Suprema debe hacerse antes del 25 de enero (Art. 312).

El Congreso es el encargado de elegir a los magistrados con el voto de 2/3 de los diputados, de una lista propuesta por la junta nominadora; dicha lista contiene el triple de candidatos que el número a elegir (Art. 311).

El escaso margen temporal que la Constitución da al Congreso para nombrar magistrados (el último día para que la junta nominadora presente su lista de candidatos es el 23 de enero) y las diferencias entre el Congreso y el presidente de la República dificultaron la renovación de la Corte en 2009.

El 5 de septiembre de 2008, la Comisión Internacional de Juristas, CIJ, y la Asociación de Jueces por la Democracia, AJD, hacen un llamado para que “se garantice que la sociedad hondureña conozca en detalle los perfiles de las y los candidatos propuestos a integrar la próxima Corte Suprema de Justicia, CSJ, a fin de que se puedan presentar denuncias contra los candidatos por hechos que comprometan la capacidad, honestidad e independencia de los y las aspirantes. También se establece que la principal preocupación de ambas organizaciones es que el proceso sea instrumentalizado por los partidos políticos tradicionales, proponiendo que los nuevos magistrados deben tener tres cualidades: honestidad, capacidad e independencia”.

El 11 de septiembre, el proceso de nominación de los magistrados de la CSJ fue uno de los hitos y señal relevante de una crisis mayor entre los Poderes del Estado, en este caso, entre el Ejecutivo y Legislativo.

Cinco meses antes del 28 de junio, este proceso terminó por definir una lucha de poder por el control de la Corte Suprema de Justicia y tener para el presidente Zelaya una persona de confianza y de su círculo interno.

Para aclarar algunos hechos relacionados con esta situación, la CVR necesitó diversos testimonios de los eventos del 25 de junio; a continuación se presentan los principales:

El Congreso Nacional juramenta a los integrantes de la junta nominadora para la elección de magistrados de la CSJ: Ramón Custodio (propietario), Nery Velásquez (suplente), por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Conadeh; Jorge Omar Casco (propietario), José María Alemán (suplente), por la Corte Suprema de Justicia; Emilio Larach (propietario), Santiago Ruiz (suplente), por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada; Olga Suyapa Irías (propietaria), Luis Alonso Discua (suplente), por las universidades; Óscar García (propietario), Alejandro Hernández (suplente), por el Colegio de Abogados de Honduras; Rolando Bu (propietario), Bertha Oliva (suplente), por la sociedad civil; Israel Salinas (propietario), Orlando Mejía (suplente), por las centrales de trabajadores.

El 9 enero de 2009, la junta nominadora culmina el proceso de las audiencias públicas de unos 74 aspirantes a magistrados de la CSJ.

Posteriormente se da una cadena de reuniones para tratar el tema de la elección de los magistrado a la CSJ, según el testimonio del diputado del PL Wenceslao Lara, quien menciona que entre las varias reuniones que hubo participó en del 21 de enero en la casa del presidente Manuel Zelaya Rosales, donde él les expuso que quería que se apoyara la reelección de la magistrada Sonia Marlina Dubón y del abogado Carlos Roberto Gómez Moreno, bajo la amenaza de meter presos a los diputados que no apoyaran a sus candidatos.
“Y dijo con estas palabras: «Los voy a meter presos a todos los diputados si no me ponen a Sonia Marlina y al abogado Moreno… los voy a meter presos por un día y el siguiente día los voy a sacar de la cárcel»”.

La junta nominadora de la CSJ, el 22 de enero, envía a la correspondencia del Congreso Nacional la lista de los 45 magistrados a la Corte Suprema de Justicia.

El 23 enero del mismo mes, mediante oficio No. JN-066/2009, la junta nominadora remite al Congreso Nacional la propuesta de 45 candidatos para seleccionar los 15 magistrados que deberán integrar la Corte Suprema de Justicia.

La nómina proviene de una lista total de 248 profesionales del derecho propuestos y autonominados, lista que, después de un primer proceso de depuración, se redujo a 97 personas.

En una segunda fase, para elaborar la lista de 45 candidatos propuestos, las 97 personas fueron convocadas a participar en siete audiencias públicas con el objetivo de medir la capacidad y los conocimientos de los candidatos.

El 24 de enero de 2009 se lleva a cabo otra “reunión política”, según el testimonio de Ricardo Álvarez, la cual es convocada por el presidente José Manuel Zelaya Rosales, donde participaron miembros del PN, PL, del Gobierno y de la embajada de Estados Unidos, estando presente el presidente Manuel Zelaya Rosales, Enrique Flores Lanza, Carlos Flores Facussé, Roberto Micheletti, Elvin Santos, Porfirio Lobo Sosa, Arturo Corrales, Hugo Llorens, Rodolfo Irías Navas y Ricardo Álvarez para hablar de la elección de los magistrados de la CSJ: “…Y su única agenda y su único punto que llevaba tenía que meter a Marlina Dubón de Flores Lanza como magistrada de la Corte Suprema de Justicia… y siempre decía: bueno, y si no pasa esto no sé… Yo le pregunté a Elvin Santos hijo, candidato del Partido Liberal… ya ratos vengo oyendo por parte del Gobierno de que si no hay una elección de la Corte con doña Sonia Marlina, que no está dentro de la lista de los 45, como que algo iba a pasar.

Entonces el ingeniero Santos me iba a contestar, cuando Zelaya Rosales le dice a Flores Lanza: contestale vos, contestale vos… Flores Lanza dice: si a las doce de la noche del 25 de enero no se ha electo una nueva Corte Suprema de Justicia hay un rompimiento del orden constitucional, nosotros en Consejo de Ministros convocamos a la disolución del Congreso y de la Corte, a consecuencia de eso iniciamos un nuevo proceso.

El embajador de Estados Unidos en un momento nos dijo: “Yo no continúo en esta sesión porque no es lo que hemos venido a hablar”. Nos separamos y nos apartamos, pero en ese momento ya se estaba moviendo la Policía, ya se estaban moviendo las Fuerzas Armadas, ya se estaba rodeando el Congreso”.

El día 25 de enero, día de la elección de la CSJ, de acuerdo con la declaración de Roberto Micheletti, se reunió con Arturo Corrales, Hugo Llorens, Porfirio Lobo Sosa, Ricardo Álvarez, Carlos Roberto Flores y Elvin Santos, para discutir el problema de colocar a la esposa del secretario de Estado Enrique Flores Lanza, la abogada Marlina Dubón, como la presidenta de la CSJ, irrespetando la lista de los 45 magistrados ya propuestos; en tal reunión, el embajador de EUA pide que le den una oportunidad a la abogada Sonia Marlina Dubón, ya que eran 14 de los propuestos y uno propuesto por Zelaya, “y quedan 14 a uno”.

Sobre esta situación, el relato del diputado Wenceslao Lara revela lo siguiente: “Que él quería que —entre voces— nos empezó a exponer él de que… que él quería que la señora Sonia Marlina Dubón, nosotros la apoyáramos para que fuera magistrada y que también un señor de apellido Moreno, que no sé el nombre realmente, nunca, nunca he sabido el nombre de él, y que no nos prestáramos al juego del Partido Nacional, porque ellos estaban jugando política y que el filtro ese que estaban haciendo en la escogencia de los nuevos magistrados no era tan transparente, como se estaba mencionando en los medios y los periódicos, que por favor lo apoyáramos en eso.

Yo le pedí la palabra y le dije: “señor Presidente, disculpe, pero yo he prometido ser fiel a la República y respetar a la Constitución y sus leyes, y yo no voy, por lo menos a título personal, a prestarme, a sugerir ni siquiera a una persona que no se sometió al proceso de elección, que era un filtro el que estaban varias instituciones serias, como el Comisionado de Derechos Humanos, el Colegio de Abogados de Honduras y que me parecía que no era ese el camino correcto”.

Entonces él me dijo: bueno si tú no quieres apoyarlo, no lo apoyes, lo que yo sí te puedo decir es que si ustedes no hacen eso voy a meter presos a todos los diputados.

En el fondo, no sé si lo dijo en broma o si lo dijo en serio, pero cuando uno habla con un presiente de la República, yo creo que uno no está bromeando, por lo menos yo nunca he bromeando con él y no esperé que él bromeara conmigo.

Y dijo con estas palabras: los voy a meter presos a todos los diputados, si no me ponen a Sonia Marlina y al abogado Moreno, y es cierto, los voy a meter presos por un día y el siguiente día los voy a sacar de la cárcel.

Yo pues, en mis adentro me hice la pregunta: ¿yo por qué voy a ir preso por un capricho suyo? Cuando terminamos la reunión, quedó la situación allí en el ambiente que, pues, unos estaban de acuerdo, otros no estábamos de acuerdo, eso creo que fue un jueves, un jueves que sería como el 21 de enero, creo…”.

Por su parte, el entonces presidente del Congreso Nacional Roberto Micheletti Baín al respecto expuso lo siguiente:

“Si lo que ellos les habían comentado a ellos sobre que al no haber una elección de una Corte Suprema iba a haber un rompimiento constitucional, eso es lo que ellos a mí me informaron, que ellos comentaron; sin embargo, allí hay dos diputados que hicieron presencia en la Fiscalía General de la República para denunciar estos hechos, allí están, ustedes pueden perfectamente pedirle a la Fiscalía la opinión de estos ciudadanos que fueron a hacer eso el 25, lógicamente deterioró mucho más la acción del Ejecutivo contra el Legislativo y empiezan a verse casos como no darle el presupuesto al Congreso en su debido tiempo y forma, como lo manda la Constitución, atrasando los pagos y haciéndolos en el momento que se le antojara la gana al Presidente, esto no solamente se hizo entre los miembros del Gobierno, sino que se exteriorizó de parte del expresidente Zelaya en una reunión de inauguración de un centro de rehabilitación en Juticalpa, Olancho”.

Acuerdos con Petrocaribe y la integración a la Alba

En al ámbito externo hubo dos cuestiones anteriores a la cuarta urna que enfrentaron al Ejecutivo con el Legislativo: Petrocaribe y Alba.
Pero, al contrario que en los otros casos recién mencionados, en este ámbito la posición de Zelaya tuvo éxito, ya que consiguió que el Congreso aprobara sus dos propuestas: “Cuando el presidente Zelaya propuso lo de Petrocaribe, igual, nos obligó a aprobar; mediáticamente nos echaba al pueblo, pues él tenía mayor popularidad de lo que el Congreso gozaba, manejaba mejor los medios.

Yo creo que todos esos encontronazos hicieron que las diferencias entre ellos -Zelaya y Micheletti- se marcaran más.

Y don Roberto -Micheletti- manejaba totalmente la bancada y la prueba es que casi en su totalidad botaron al presidente Zelaya y ratificaron a don Roberto en la siguiente sesión del 2 de diciembre”.

Más adelante el informe continúa diciendo: La aprobación del acuerdo con Petrocaribe, en enero de 2008 por parte del Congreso, suponía la entrada de recursos al país. Sin embargo, muchos de los entrevistados han mantenido que el acuerdo firmado por el Congreso Nacional era exclusivamente de corte económico. Pero, como un entrevistado bien lo señala: “Poco tiempo después se ven las implicaciones de otro tipo de alianza que da la posibilidad de apertura a apoyo en materia de cultura, apoyo en otras áreas de la parte educativa, en la parte de asesoría, en otros aspectos, no sólo en la parte económica”.

Esta ampliación de los acuerdos, o la sensación de mayores implicaciones, generaron malestar en el entorno político hondureño, ya que se percibían como la injerencia de un país tercero en los asuntos internos de Honduras.

Otro momento clave en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo estuvo marcado por la aprobación de la Alba, que se produce en octubre de 2008 mediante el decreto legislativo No.158-2008.

La situación en este caso parece diferente con respecto a Petrocaribe, ya que: “La Alba al final se negoció.

Ya para entonces don Roberto estaba postulado a la búsqueda de la Presidencia de la República, íbamos a las elecciones internas del partido y a cambio del apoyo del presidente Zelaya se accedió a aprobar ela Alba; aunque nosotros en nuestros pueblos veíamos que era popular, que la gente lo quería”.

Sin embargo, la aprobación de la Alba acentuó los aspectos negativos que los entrevistados han señalado y los temores ante la cercanía con Venezuela.

La opinión de un entrevistado contrasta de forma clara con la idea de negociación recién señalada: “El ingreso a la Alba implica que sí hay un acercamiento de términos ideológicos. Eso se hizo a espaldas del partido, el presidente Zelaya prácticamente no tenía diputados en el Congreso, y en el Gobierno ya tenía un gabinete afín después de haber expulsado todas las fuerzas que no le eran afines”.

La aprobación de la Alba, por tanto, es un instrumento de doble filo en la política hondureña. Por un lado, recibe la aprobación y el apoyo del Congreso, fundamentalmente a cambio del apoyo de Zelaya a Micheletti para las primarias; por otro lado, esa aprobación abre la puerta a las ideas políticas y a una ideología no compartida por la mayoría del Congreso.

En este momento, como un entrevistado lo manifiesta, “las cosas empiezan a ponerse tirantes, pero al mismo tiempo no hubo ni un solo cambio estructural de carácter, de asomo socialista. Ni uno. No nacionalizó nada, no confiscó ninguna empresa. Pero lo que sí sucedió fue demasiada bulla”.

La aprobación de los acuerdos con Petrocaribe y la Alba condensa de forma clara el juego político hondureño. La relación que se establecía con Venezuela permitía ver sus luces y sus sombras.

En las entrevistas priman sobre todo los aspectos negativos de dichos acuerdos; sin embargo, a pesar de conocer esos perjuicios, el Congreso aprobó la entrada en la Alba haciéndose corresponsable de todos aquellos problemas derivados de la firma de estos dos acuerdos.