Colombia
El acuerdo promovido por Bogotá y Caracas para el regreso a Honduras del derrocado presidente Manuel Zelaya excluye los casos de corrupción de sus ex funcionarios, advirtió la canciller colombiana María Angela Holguín, quien el jueves envió una delegación a ese país.
"El acuerdo es muy claro y dice que se respetarán todos los derechos de los ex funcionarios del ex presidente Zelaya dentro del marco de la Constitución y la ley", dijo el jueves Holguín en una entrevista con la radioemisora Caracol.
Pero a la vez "es clarísimo en el sentido de que si hay un juicio por algo que no es político, como en este caso, un tema de corrupción, pues es bien difícil que se interprete que el acuerdo los cubre", añadió en referencia a un juicio que enfrenta el ex ministro de la Presidencia hondureña, Enrique Flores Lanza.
Flores se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 15 de junio, acusado de dos supuestos delitos de peculado. El ex ministro había regresado a Honduras el 28 de mayo junto a Zelaya.
A Flores se le involucra en el presunto mal manejo de millones de lempiras que se sospecha pudieron haber sido desviados para financiar la campaña de la consulta popular que promovía Zelaya.
Algunos de esos recursos fueron sacados en carretilla de las bóvedas del Banco Central de Honduras, según la acusación del Ministerio Público contra Flores, quien ha calificado el arresto domiciliario y la fianza que le han impuesto como un "sicariato judicial".
Zelaya denunció que el arresto de su ex ministro viola el pacto de Cartagena, firmado el 22 de mayo por él y el presidente Porfirio Lobo, previa mediación de Venezuela y Colombia y el cual garantiza que no habrá revanchas políticas contra los miembros de su gobierno.
La canciller Holguín señaló que para tratar de solucionar la situación, este jueves partieron hacia Tegucigalpa la vicecanciller colombiana Patty Londoño y un asesor jurídico del Ministerio del Interior, así como dos representantes del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro.
"He estado hablando con el canciller Maduro sobre el tema y esperamos que esto deje de hacer ruido", concluyó Holguín.
Lobo había anunciado que este jueves llegarían a Tegucigalpa los cancilleres de Colombia y de Venezuela, "para ver los casos (acusaciones)" contra el ex ministro de Zelaya y verificar "si hay total imparcialidad".
Zelaya fue destituido el 28 de junio de 2009. El acuerdo para su regreso a Honduras permitió a ese país ser readmitido en la Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual había sido suspendido a raíz de la calificación de golpe de Estado.
Funcionarios de Colombia y Venezuela, representantes de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Cartagena, suscrito en mayo para facilitar el regreso a Honduras del expresidente Manuela Zelaya, llegan hoy al país para verificar el proceso legal contra un exministro del gobierno derrocado.
La designada presidencial hondureña (vicepresidenta), María Antonieta Guillén, dijo a los periodistas que la delegación de la Comisión de Seguimiento la integran la vicecanciller de Colombia, Patricia Londoño, y un asesor de la Cancillería de Venezuela.
Según fuentes venezolanas, se trata de Ramón Gordil, un cercano colaborador del canciller de Venezuela, Nicolás Maduro.
Guillén agregó que los dos funcionarios llegarán esta tarde a Tegucigalpa en cumplimiento a lo que establece el Acuerdo de Cartagena, relacionado con el seguimiento al compromiso que el presidente hondureño, Porfirio Lobo, suscribió con Zelaya el 22 de mayo pasado en Colombia.
"Viene la vicecanciller de Colombia, Patricia Londoño, y un alto funcionario de la Cancillería venezolana que participó en la conclusión del Acuerdo de Cartagena", indicó Guillén.
Dijo no saber las razones por las que no vienen la canciller colombiana, María Ángela Holguín, ni su par venezolano, Nicolás Maduro.
"Desconozco las obligaciones que ellos tendrían en sus países para no venir el día de hoy, pero quienes vienen son personas de alto nivel y de mucha capacidad", acotó la vicepresidenta.
Zelaya dijo la semana pasada que en Honduras se ha violado el Acuerdo de Cartagena por la decisión de un juez de Tegucigalpa de dictar el arresto domiciliario e imponer una fianza de 27 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) a su exministro de la Presidencia Enrique Flores.
El exministro es objeto de cuatro juicios acusado de cometer actos de corrupción durante la administración de Zelaya, mientras que al expresidente la justicia le anuló dos, como parte de las negociaciones para que pudiera regresar al país.
Zelaya, quien desde el 27 de enero estuvo residiendo como huésped en República Dominicana, fue derrocado cuando promovía una consulta popular para reformar la Constitución, algo que la ley le impedía.
