Millones ha perdido el Estado por demandas
Honduras
El dicho de “que ganarle un juicio al Estado es como pegarle a un bolo”, cobró vigencia una vez más en los tribunales de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, CSJ.
En la última semana se registró la demanda que interpuso una constructora contra la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, por la cantidad de L 58 millones por incumplimiento de una deuda.
Aunque al inicio se había manejado que la cuantía era de L 259.3 millones, la Procuraduría General de la República, PGR, explicó que la suma de los intereses se había hecho erróneamente.
Según los reportes extraídos en la CSJ y en la PGR, LA PRENSA constató que cuatro juicios millonarios ha perdido el Estado de Honduras en lo que va de 2011, los que suman 105.1 millones de lempiras: diplomático despedido injustificadamente por L 7 millones más el reintegro en su puesto; médicos indemnizados por L 38 millones; constructora por incumplimiento de deuda por L 58 millones y despido ilegal a funcionaria por L 2.1 millones.
“En el caso del Instituto de Formación Profesional, Infop, no lo llevamos en la Procuraduría porque es una institución autónoma y tiene sus propios representantes legales; nosotros somos los representantes del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo; si solicitan ayuda podemos acudir a colaborar. La de la constructora y la de los médicos sí las llevamos acá”, explicó la procuradora general, Ethel Deras.
Demanda a Soptravi
El último caso millonario que el Estado deberá pagar es por L 58 millones a la compañía constructora Inmobiliaria S.A. de C.V. por incumplimiento de contrato.
La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmó el fallo del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo donde se condenó al Estado a pagar la millonaria cantidad por incumplimiento de una deuda.
La empresa constructora reclamó daños y perjuicios por demora en los pagos.
Los antecedentes señalan que el 25 de octubre de 1999 se suscribió el contrato entre las partes para la rehabilitación de la carretera CA-5 sur, (La Venta – Jícaro Galán).
La constructora demandó por los daños ocasionados en la demora en el pago y perjuicios causados por el incumplimiento contractual de la administración pública, así como la modificación e indefensión del objetivo del contrato e indemnización por daños causados en concepto de lucros cesantes y daños emergentes.
Otros detalles de la demanda en el expediente 20625-2008 es que Soptravi le adeudaba a la constructora L 58,124,912 desde 2006 y desde esa fecha los intereses han corrido; pero ya la PGR aclaró que la cantidad a pagar es de L 58 millones.
Demanda a Salud
Otra gran suma que el Estado perdió es la de los 79 médicos que acudieron a demandar a la Secretaría de Salud por L 38 millones, aunque al inicio fue por L46 millones. Según la resolución emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, se debe pagar tal cantidad a los médicos por indemnización de salarios caídos, ya que habían ganado concursos para plazas en el sector salud y nunca fueron contratados. La demanda fue interpuesta en 2004.
Los antecedentes señalan que en 2011 se llamó a participar en concurso para plazas. Para tal concurso, la Secretaría de Salud contó con un presupuesto de 27 millones de lempiras.
Participaron 600 médicos y fueron 79 los que aprobaron, lo que nunca fueron contratados. En 2002, el concurso se declaró nulo, por lo que los 79 médicos acudieron a demandar al Estado. Mediante oficio 075-2002 SSRDS. Los médicos ganaron la demanda.
“Aquí hubo una rebaja de la cuantía, era de L 46 millones, cobraban intereses que no les correspondían y, como PGR lo alegamos, logramos rebajar la cuantía a L 38 millones”, argumentó la procuradora general.
Demanda a Infop
Mediante sentencia judicial, la ex directora del Infop Leonor Meza le ganó juicio al Estado, que la deberá indemnizar con L 2,192,689.
De nuevo la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dejó en firme la condena por despido ilegal de la que fue objeto Meza en el Gobierno anterior.
La ex funcionaria fue destituida el 27 de enero de 2007 después de una investigación por supuesto despilfarro de fondos que se les habrían pagado a dirigentes sindicales.
Meza fue separada del cargo después de que Rixi Moncada, ex funcionara de la Secretaría de Trabajo, mencionó que la separación se daba producto de las transferencias irregulares que Infop había otorgado a dirigentes obreros.
Caso diplomático
Otro caso por el que condenaron al Estado es el del diplomático de carrera Mauricio Ricardo Aguilar Robles.
Él fue destituido del cargo como embajador representante y permanente alterno de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, OEA, el 10 de julio de 2006.
La orden judicial dicta a las actuales autoridades de la Cancillería de la República a que reintegren de inmediato a Aguilar como ministro embajador ante la OEA o como embajador en La Haya, Holanda. Después de alegar en los tribunales sobre su despido injustificado, también se ordenó al Estado que pague los salarios caídos del diplomático que rondan los L 7 millones de lempiras. Aguilar tiene 27 años de carrera diplomática.
Se conoció que la Cancillería lo nombró en el cargo de ministro consejero en República Dominicana; pero el juez ordenó judicialmente el reintegro de Aguilar como embajador ante la OEA o La Haya y no en un cargo de menor rango.
