Honduras
Más de 200 pobladores de la comunidad de Canaán de La Lima que están invadiendo predios ejidales se reunieron en San Pedro Sula con representantes legales de la Municipalidad y miembros de la Confederación Nacional de Federaciones y Patronato de Honduras, Conafeph, para buscar una solución.
Las autoridades municipales buscaban una conciliación con los pobladores, sin embargo, no hubo acuerdo alguno sobre las propiedades invadidas en ese sector vulnerable de la ciudad.
El apoderado legal de la Alcaldía de La Lima, César Augusto Pavón, explicó que el área invadida por un grupo de pobladores, algunos limeños y otros no, es de alto riesgo por ser zona propensa a inundación.
Según Pavón, la propiedad invadida es un área de tierra que se formó por el desvío que tuvo el río Chamelecón en crecidas anteriores y ha sido declarada por la Comisión para el Control de Inundaciones en el Valle de Sula, Ccivs, como de alto riesgo.
Los representantes de la Municipalidad recibieron la recomendación técnica por parte de la Ccivs con un documento en el que se demuestra que es imposible un asentamiento humano en esa zona.
“La Alcaldía, aunque quisiera, no puede dar esas propiedades como un proyecto de viviendas. Aunque los pobladores insisten en tener sus casas en el área, es imposible por la alta vulnerabilidad”, aclaró Pavón.
Las propiedades invadidas pertenecían anteriormente a una cooperativa, pero la Municipalidad las compró para cambiar el canal de río porque estaban siendo afectadas muchas colonias aledañas al bulevar de la entrada principal de la Ciudad del Oro Verde.
Negociación
“La Municipalidad ha estado haciendo las gestiones para comprar una propiedad segura y poder reubicar a estas familias en otro sector del municipio. Ambas partes tienen que llegar a una negociación porque los pobladores no quieren ser ubicados en otro lugar y no pueden permanecer en el lugar”, manifestó Pavón.
“Lo que establecen los artículos 77 y 79 de la Ley de Propiedad es que a fin de que un asentamiento humano llene el primer requisito para que la regulación predial pueda proceder tiene que estar desde antes del 2006 y ellos llegaron en el 2009, entonces no llenan ni los requisitos legales”, aseguró Pavón.
“Estamos buscando alternativas para llegar a una conciliación, pero en un momento dado si fuera necesario se van tener que desalojar, porque no vamos a permitir que se levanten viviendas en esa área. Lo que queremos evitar son mayores problemas”, reiteró el funcionario.
El objetivo de las autoridades es llegar a una conciliación con los habitantes de esta comunidad y evitar problemas sociales para el municipio, además de prevenir que estas familias vivan en zonas de riesgo.
Las reacciones
Los pobladores dijeron que quieren permanecer en el lugar, argumentan que no corren peligro porque ya tienen tiempo de estar allí y no han sufrido por emergencias.
Solicitan el apoyo de la Municipalidad para que les legalicen las propiedades, pues aseguran que son de escasos recursos económicos y no tienen capacidad de comprar un solar en otro lugar. La propiedad que les ofrece la Alcaldía no les gusta porque queda muy lejos, añadieron.
