Asojmah exige no limitar función de magistrados

La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, Asojmah, recordó ayer que los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, no pueden ser amenazados al tratar de limitar su rol de impartición de la ley, y quien lo haga comete sedición.

Recientemente, el vicepresidente del Congreso Nacional Marvin Ponce amenazó que los magistrados serían destituidos si no se anulan los juicios contra Manuel Zelaya. Posteriormente, el presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, dejó entrever la posibilidad de defenestrar a magistrados por una denuncia de falsificación de un expediente para despedir a cuatro jueces en 2009.

“En relación a la denuncia amenazante del presidente del Congreso de querer destituir a los magistrados de la CSJ, en un momento que van a conocer nombrar a un juez natural para los casos del ex presidente Zelaya, lo vemos inadmisible, lo rechazamos”, expresó el presidente de la Asojmah, Teodoro Bonilla. Agregó que “el Artículo 22 del Código Procesal Penal señala que ningún funcionario, ningún presidente de los poderes del Estado, podrá limitar o interferir la actividad judicial, la actividad independiente de dictar resoluciones por los jueces y magistrados”. Dicho artículo refiere a la prohibición de limitar o interferir la actividad judicial, que los servidores públicos ni particulares pueden coartar el libre ejercicio de los jueces. “Lo que se está cometiendo aquí es una violación a este Artículo, el 22, esas acciones se subsumen en el delito de sedición, sea quien sea que las manifieste”, indicó. Por tanto, la Asojmah exige no limitar la función de los magistrados.

Vinculación

A juicio de Bonilla, las amenazas de destitución están ligadas al caso de Zelaya para favorecerlo. “No se podrá amenazar a magistrados o jueces queriéndolos destituir en la pretensión de limitar o interferir en las decisiones (que el pleno) va a tomar en los procesos de Manuel Zelaya”, expresó. La Asojmah evidencia que la sedición la comete cualquier funcionario del Estado que insinúe o recomiende a jueces que fallen de una u otra forma para satisfacer pretensiones políticas. “Hay que respetar la alta investidura e independencia que tienen los jueces y magistrados, el acatamiento de sus resoluciones”, enfatizó. La Asojmah pide al MP actuar de oficio, “porque el delito de sedición es de orden público, cometido por cualquier funcionario del Estado”. En caso contrario, la asociación interpondrá la denuncia ante el MP.

Los argumentos de la Asojmah fueron avalados por Rigoberto Espinal Irías, asesor del MP.

“Una cosa sí es necesario advertir, que el manejo de estos conceptos no debe ser utilizado para intimidar, para influir o para tratar de alterar las actuaciones formales de los jueces y magistrados del Poder Judicial.

El Artículo 22 del Código Procesal Penal sanciona con el delito de sedición a cualquier persona, funcionario o no, civil o militar, que trate de influir en las decisiones de la Corte Suprema o de sus magistrados”, añadió.

Destitución no es fácil: ex Fiscal

El abogado y ex fiscal general de la República, Leónidas Rosa Bautista, explicó que el proceso para destituir a un magistrado de la CSJ, es un camino que no es fácil y no tiene precedentes en Honduras. “Una cosa es sustituir, otra destituir y otra nombrar y en este caso el Congreso tiene la facultad de nombrar a los magistrados y de la misma manera una destitución si se reúnen ciertas características.

Las justificaciones para una sustitución son la muerte o la finalización del período, no obstante, para destituir un alto funcionario las causales pueden ser por inhabilidad, locura, porque mató a alguien, hizo fraude, etc”, explicó Rosa Bautista.

Agregó que si un alto funcionario es responsable de un delito comprobado, puede ser sustituido o destituido por la voz autorizada, en el caso de los magistrados por el Congreso con una causa justificada establecida en la ley. “No hay precedentes de destituciones de magistrados o fiscales por parte del CN, en el caso del abogado Oswaldo Ramos Soto, era diputado y obtuvo un permiso para ser magistrado de la Corte, luego el mismo Congreso le quitó el permiso y lo sustituyeron como magistrado.

En el caso del ex fiscal Ovidio Navarro, él renunció y entonces el Congreso nombró otro fiscal. Para una destitución hay un procedimiento y las causales establecidas en la ley deben ser comprobadas. No es fácil destituir un alto funcionario y no se puede dar sólo porque alguien quiera quitarlo. Los delitos se comprueban en los juzgados correspondientes, sin falta justificada no se pueden separar”, concluyó Rosa Bautista.