Honduras
La Cancillería hondureña descartó ayer que la frontera con Nicaragua haya cambiado por la destrucción de monumentos y aseguró que con la reconstrucción bastará para superar el problema.
“No se ha cambiado la frontera por ningún punto”, afirmó el presidente de la Comisión de Demarcación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Miguel Tosta. “La frontera tiene sus coordenadas definidas (...), está demarcada; por lo tanto, la frontera está definida a perpetuidad”, subrayó el funcionario, quien presentó el informe de una investigación técnica llevada a cabo por la Comisión de Demarcación.
En diciembre pasado, el diario La Prensa de Managua denunció la remoción de mojones en dos tramos fronterizos, de lo cual, dijo, el Ejército del país vecino informó a su Cancillería. Desde el principio, la Cancillería hondureña descartó que por esta denuncia podría surgir con Nicaragua un conflicto similar al que ese país mantiene con Costa Rica por el fronterizo río San Juan.
Tosta explicó que durante la investigación se confirmó el soterramiento o destrucción de mojones en tres tramos fronterizos. El primer caso corresponde a un sector de 12.5 kilómetros, aguas abajo del río Negro, donde la crecida provocada por el huracán Mitch en 1998 soterró los monumentos, precisó. Además, uno de los veinte monumentos instalados en un tramo de 37 kilómetros entre Amatillo (Honduras) y el volcán Cosigüina (Nicaragua) fue destruido durante la construcción de un relleno por dos empresas camaroneras de ambos países, añadió.
Tosta dijo que el tercer caso fue en 2009, cuando una compañía constructora “que estaba haciendo unos trabajos para unas municipalidades de la frontera del lado de Nicaragua sacó material pétreo del río Guasaule y eso cambió el cauce del río, tiró el río al lado de Honduras”.
“Protestamos por eso, fuimos a hacer una inspección, el Ministerio Público actuó y habló con la compañía y la compañía dejó de sacar el material”, indicó. El funcionario hondureño señaló que los monumentos destruidos “hay que reconstruirlos” y que la decisión que se debe tomar les compete a las “autoridades superiores” de los dos países. EFE
