Honduras en lista negra de la CIDH
Estados Unidos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha incluido por primera vez a Honduras, tras la crisis política del pasado año, entre los países que no respetan los derechos humanos y mantuvo un año más en la “lista negra” de su informe anual a Cuba, Venezuela, Colombia y Haití.
El informe, presentado ayer por el presidente de la CIDH, Felipe González, ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, CAJP, de la Organización de Estados Americanos, OEA, incluye el denominado Capítulo IV, que llama la atención sobre aquellos Estados que deben mejorar la defensa y el cumplimiento de los derechos humanos.
Caso Honduras
En el caso de Honduras, la CIDH se basa en el informe elaborado a raíz de la visita que hizo a ese país tras la destitución de Manuel Zelaya el pasado 28 de junio de 2009.
La CIDH constató que en Honduras se produjeron “graves violaciones” a los derechos humanos, entre las que citó las muertes que se registraron, la declaración arbitraria del estado de excepción, la represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, la criminalización de la protesta social y las detenciones arbitrarias de miles de personas.
También denunció tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, una militarización del territorio, un aumento de las situaciones de discriminación racial, serias restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
En cuanto a Venezuela, la CIDH resalta de nuevo la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos, y que no se ha garantizado a los ciudadanos el pleno ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente al Gobierno.
La Comisión destaca que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en virtud de su opinión política y que no existen las condiciones para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor.
Alega que se ha impedido el goce efectivo de los derechos políticos en Venezuela con mecanismos que restringen las oportunidades de acceso al poder de los candidatos disidentes, y se han impulsado acciones para limitar algunas de las competencias de autoridades electas de la oposición.
