Comparecencia de Rixi en juzgados fortalece al pais
Honduras
La presentación de Rixi Moncada a los juzgados demostró que cuando presentó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, no había agotado los trámites o los recursos internos, señaló Rigoberto Espinal Irías, abogado y asesor del Ministerio Público.
La reflexión de Espinal se deriva de la queja que presentó el ex presidente Manuel Zelaya y seis de sus ministros contra el Estado de Honduras por los sucesos ocurridos en el país el pasado 28 de junio.
Entre otras peticiones, Zelaya solicita indemnización económica, sanción disciplinaria y penal contra los responsables del golpe de Estado, restablecimiento de la democracia a través de la convocatoria e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y que se adopten medidas conservatorias urgentes.
Además, la suspensión inmediata de las órdenes de captura y que se pida a la Corte medidas provisionales a favor de Zelaya, su familia y ministros.
Los denunciantes argumentan que acudieron directamente a la Cidh debido al comportamiento parcializado del máximo órgano de justicia del país, señalando que no existen garantías para el debido proceso.
El pasado 25 de febrero, Moncada compareció voluntariamente ante los Juzgados Unificados a responder por los delitos de abuso de autoridad y fraude contra el Estado de Honduras. Después de su declaración, el juez Mario Ríos le decretó medidas sustitutivas.
“El derecho hondureño es claro, uno de los denunciantes, Rixi Moncada, ya se presentó voluntariamente, ya tiene su abogado y ya le decretaron medidas sustitutivas.
En este caso, ella misma está demostrando que antes de presentar la denuncia ante la Cidh no había agotado los trámites o los recursos internos”, reiteró Espinal Irías.
No es miembro de la OEA
Aunque en este momento el Estado de Honduras sólo debe responder a las interrogantes de la Cidh, Espinal analizó dos puntos más que servirán para desvanecer la denuncia de los siete hondureños que aseguran que sus derechos humanos fueron violentados.
El primer punto débil que encuentra el abogado en la denuncia es que Honduras no es actual miembro de la Organización de Estados Americanos, OEA, y según su reglamentación puede acceder a la Comisión cualquier persona natural o ente no gubernamental que sea ciudadano o miembro de un Estado parte de la OEA.
El otro punto de defensa de las instituciones hondureñas, según Espinal, es que los denunciantes no agotaron los procedimientos internos, recursos que tenían a su alcance y que no utilizaron hasta hace unos días.
Prejuzgamiento
Roberto Herrera, experto en Derecho Internacional, también es del criterio que Honduras debe demostrar que los denunciantes no agotaron el proceso interno.
“Los miembros del Cidh deben tener en cuenta que con este proceso tendrán los ojos de la comunidad internacional encima debido al prejuzgamiento que hicieron meses antes sobre la situación de derechos humanos y la destitución de Zelaya”.
“No pueden obligar a Honduras”
El ex presidente Manuel Zelaya y seis de sus ex funcionarios continúan con la idea de que se instale una Asamblea Nacional Constituyente en el país.
La Constitución de la República de Honduras, vigente desde 1982, prohíbe el tan solo hecho de pronunciar las intenciones de convocar a una Constituyente.
Los ex funcionarios recomiendan la Constituyente para volver a la democracia en su última denuncia enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh.
Al respecto se le consultó al asesor del Ministerio Público, Rigoberto Espinal Irías, si la Fiscalía podría abrir un nuevo proceso contra Zelaya y los ex funcionarios que insisten con una Constituyente.
“No sabría decir qué acciones va a tomar la Fiscalía, pienso que alguna acción va a tomar. Desde el momento mismo que las personas que estaban promoviendo la reelección y el continuismo tenían causas para que se les quitara la ciudadanía hondureña y no se hizo ningún trámite en ese caso”, manifestó.
El abogado aseguró que ningún Estado, ningún organismo, ninguna entidad internacional puede obligar a otro Estado para que cumpla con la voluntad que ese Estado en particular pueda tener.
“Honduras es un Estado soberano, libre, independiente. Tiene su propio orden jurídico que debe ser respetado por la comunidad internacional y si la Cidh no respeta su autonomía se puede ver en graves problemas ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya”, afirmó Espinal Irías.
