Exoneraciones fiscales suman L 8 mil millones

Cuando el país necesita echar mano de todos los recursos disponibles y las finanzas públicas están en graves aprietos, las exoneraciones fiscales vuelven a quedar sobre el tapete. Según se calcula, éstas suman hasta ocho mil millones de lempiras anuales.

El Gobierno de Porfirio Lobo ya anunció que busca la manera de generar nuevas fuentes de ingreso para las alicaídas finanzas estatales y que las exoneraciones están en la lista.

Algunos de los sectores que las gozan ya alzaron la voz de alerta sobre la necesidad de manejar con cuidado el tema. “Esas decisiones se pueden determinar según la economía del país y de cada sector económico”, observó Daniel Facussé, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores.

Las exenciones fiscales son especialmente sensibles para el sector maquilador, ya que desde sus inicios esta industria ha gozado de un régimen especial que mediante incentivos fiscales, es decir quedando exento del pago de impuestos, ha logrado atraer la inversión extranjera, creando miles de puestos de trabajo en los últimos veinte años.

Si se les retiran esos incentivos, obligándolas a tributar, la idea generalizada es que, como resultado, el país dejaría de ser atractivo para los inversionistas que optarían por dirigirse a otras naciones centroamericanas que mantengan los incentivos fiscales. “El Gobierno debe mantener la competitividad de la industria para preservar los puestos de trabajo”, advierte Fasussé.

El presidente de los maquiladores no es el único que ve las cosas desde este enfoque.

German Leitzelar, anterior ministro del Trabajo, observa que “las maquilas generan empleo y además se trata de empresas competitivas en el mercado internacional. No debemos quitar beneficios, sino establecerlos y buscarlos para competir en el mercado centroamericano de inversión de capital extranjero”.

William Chong Wong, ministro de Finanzas, ha aclarado que la revisión de las exoneraciones fiscales “se debe hacer con mucho cuidado para no afectar a los inversionistas que desean llegar al país”. Por desgracia, sin importar cuánto cuidado se tenga, esta revisión perjudicará a alguien.

“Sé que a muchos no les gustará, pero necesitamos revisar todas las exoneraciones porque unas son justas y correctas y le ayudan al país, pero su mal uso da lugar a que mucha gente satanice este tipo de acciones que, cuando nacieron, fueron incentivos para generar más empleos... lo siento por ellos”, dijo Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, al comentar el tema.

Sacrificio fiscal

Cómo las exoneraciones afectan a la recaudación tributaria fue algo abordado desde la administración de Manuel Zelaya. En aquel entonces, la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, publicó el informe “Sacrificio fiscal en que ha incurrido el Estado de Honduras a consecuencia de exoneraciones tributarias y aduaneras”, el cual revelaba que en el período 2002-2007 la suma de la exención en el pago de tributos aduaneros y tributarios a personas naturales y jurídicas alcanzó 40,878 millones de lempiras que representan en promedio el 27% de la recaudación tributaria y aduanera obtenida en esos mismos seis años. Dicho de otra manera, por cada lempira recaudado durante esos años, 27 centavos dejaron de entrar en las arcas nacionales por estar exonerados. De acuerdo con Arturo Alvarado, anterior ministro de Finanzas, aunque no hay números exactos, ciertos cálculos de expertos en tributación indican que si se suprimen las exenciones, ampliando la base tributaria y reduciendo la evasión fiscal, el Gobierno recaudaría entre 5 mil y 8 mil millones de lempiras adicionales al año, por lo que, ajustando las cifras de sacrificio fiscal hasta 2009, el monto que el Estado ha dejado de percibir llegaría a 57 mil millones de lempiras.

Beneficiarios

Según ese informe de la DEI, al menos cinco grupos se benefician con las exoneraciones fiscales otorgadas mediante la ley de incentivos.

El primero es el grupo de inversión extranjera que genera puestos de trabajo y contribuye con el crecimiento de la economía; el segundo es de quienes se dedican a actividades encaminadas a producir bienes exportables, a los cuales, a fin de apoyar los esfuerzos emprendedores de las firmas nacionales, se les exime del pago de impuestos aduaneros.

El tercer grupo beneficiario de exoneraciones se concentra a las personas naturales y jurídicas no vinculadas con actividades de producción, como organizaciones no gubernamentales, asociaciones religiosas, centros educativos, instituciones de beneficencia, deportivas y de promoción del turismo.

El cuarto grupo que goza de estos beneficios fiscales es de las empresas productoras de bienes y servicios vinculadas con el consumo de las clases sociales ubicadas entre el primer y el décimo tercer quintil de ingresos (la población en pobreza extrema y en pobreza relativa), es decir, los comprendidos en la canasta básica de bienes y servicios, como alimentos básicos y transporte público urbano masivo de pasajeros.

El quinto grupo es constituido por los organismos internacionales de cooperación para el desarrollo y sus representantes, las representaciones diplomáticas y sus funcionarios, las agencias internacionales de cooperación para el desarrollo. En este último grupo es muy poco lo que el Estado puede cambiar en exoneraron tributaria y aduanera, pues los beneficios obedecen fundamentalmente a convenios, leyes y tratados internacionales que el Estado está obligado a cumplir, pues se basan, en algunos casos, en el principio de la reciprocidad y en otros, en leyes emitidas con la finalidad de aportar recursos internos al financiamiento de proyectos nacionales ejecutados con prestamos externos y proyectos nacionales ejecutados con fondos provenientes de donaciones.

Acciones concretas

El proceso para mejorar los ingresos del Estado ya ha dado los primeros pasos. La semana anterior, el Congreso Nacional aprobó el decreto que deroga las dispensas que se otorgaban a los diputados y otros servidores públicos.

“Esta parte no es en realidad un impacto financiero porque no es algo que el Estado pierde, sino algo que no recibía”, expresa Leitzelar, quien sugiere que las exoneraciones que deberían ser consideradas para su derogación son las otorgadas a las ong, algunos grupos religiosos y otras organizaciones. “En eso no hay problema, pues no son sectores productivos”, dice Leitzelar.

Combatir el abuso de las exoneraciones figura también en la lista de acciones que se emprenderán, ya que, amparados en ellas, algunos sectores pueden introducir vehículos, licores, perfumes, etc., es decir, bienes suntuarios, sin pagar impuestos. Eso se puede eliminar sin derogar exoneraciones.

Otros sectores evaden el pago del Impuesto sobre la Renta y sobre Ventas amparados en exoneraciones, lo que se puede enmendar.

“Muchas veces, estas exoneraciones se utilizan para importar cosas que no son de uso industrial, sino personal. Por eso hay que tener regulaciones y supervisión adecuada para que se usen correctamente esas exoneraciones. El uso incorrecto debe recibir fuertes medidas de sanción, como la cancelación de la exoneración por uso inadecuado que pueda conducir a actos irregulares muy gravosos”, recomienda Leitzelar.

Otro aspecto que debe tomarse en consideración al buscar soluciones del problema del déficit fiscal lo señala Benjamín Bográn, miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep. “Que debemos regular las exoneraciones es correcto, pero esa medida por sí sola no resolverá el problema de las finanzas del país si no hay reducción del gasto y no se amplía la base tributaria”, dice Bográn.

De modo que la solución del problema financiero del país depende de un equilibrio sostenible entre mejorar el ingreso tributario y restringir el gasto gubernamental a lo estrictamente necesario.

“Tenemos que mejorar la calidad del gasto porque hemos llegado a una situación totalmente insostenible: más del 80% de los ingresos se destinan al pago de sueldos y salarios en el Gobierno, por lo que no quedan recursos para atender la necesidades de los grandes sectores”, expresa Arturo Alvarado. Mientras tanto, las finanzas del Estado siguen en precario.

Economía informal, factor que todavía no entra en la ecuación

Otro factor que conspira contra la equidad es la competencia nacida del alto y creciente nivel de informalidad que caracteriza a la economía del país en los últimos años. Se puede discutir si ésta es una competencia desleal porque quienes activan en este sector no pagan impuestos de ningún tipo, aunque pueden hacerlo.

Pero en la mayor parte de los casos las personas involucradas en el sector informal de la economía lo hacen compulsivamente, es decir, después de haber perdido su empleo en el sector formal de la economía o haber buscado infructuosamente durante mucho tiempo ocupación en este campo. Rara vez ocurre que la llegada al área informal sea el producto de una aspiración.

Aunque quienes activan dentro del área informal no son beneficiarios de exoneraciones de impuestos, no pagan.

Esta situación debería ser objeto de estudio, pues este sector genera importante cantidad de puestos de trabajo, mueve fuertes cantidades de recursos monetarios, su producción y servicios son demandados por la población en condición de pobreza (cerca de 3.0-3.5 millones de personas ubicadas en los primeros quintiles de la distribución del ingreso) y es una potencial fuente de recursos tributarios que no es aprovechada por la carencia o insuficiencia de mecanismos e instrumentos que permitan su incorporación a la base tributaria del sistema.