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Consultarán con CSJ derogación de decreto

Debido a las violentas manifestaciones de zelayistas, el Gobierno decretó restringir las reuniones públicas no autorizadas, a los medios que inciten a la violencia y las tomas de edificios públicos
27.09.09 - Actualizado: 28.09.09 03:48pm - Tatiana Paz Morel: tatiana.paz@laprensa.hn

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San Pedro Sula,

Honduras

El presidente Roberto Micheletti dijo que consultará con la Corte Suprema de Justicia, CSJ, y el Tribunal Supremo Electoral sobre la posibilidad de derogar el decreto que suspende las garantías constitucionales, luego que el presidente del Congreso Nacional, José Angel Saavedra, se reúnió con él en Casa Presidencial.

“Voy a consultar con la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, y si hay la posibilidad, con los candidatos presidenciales para que tengamos la oportunidad de un diálogo importante y así tomar la decisión más conveniente a los intereses de nuestra patria”, dijo en conferencia de prensa, donde señaló que aceptaba la orientación que le han hecho en nombre del Congreso Nacional.

El mandatario dijo que luego de estas reuniones se tomará la decisión si se deroga el decreto, “para que haya paz y tranquilidad y todos los hondureños puedan participar en las próximas elecciones”.

Micheletti pidió disculpas al pueblo hondureño. “Esta decisión fue porque Mel estaba llamando a la insurrección (…) pero voy a escuchar a los demás poderes del Estado y vamos a tomar la decisión más sabia a los intereses de Honduras”.

En la reunión también participaron el vicepresidente del Legislativo, Ramón Velásquez Nassar, el diputado Antonio Rivera Callejas y Ricardo Rodríguez, del Partido Liberal.

“Hemos venido a formalizar ante el presidente (Roberto Micheletti) una solicitud respetuosa en el sentido de analizar la posibilidad de dejar sin valor y efecto el decreto ejecutivo, todo con el propósito de contribuir en esta oportunidad para proporcionar un diálogo entre todos los sectores”, dijo Saavedra.

Endurecen medidas contra las turbas

Debido a los actos de violencia desatados en la última semana por los seguidores de Manuel Zelaya, el Gobierno decretó la restricción de algunas libertades constitucionales.

Anoche, en cadena nacional se anunció que no se permitirán reuniones públicas no autorizadas y que la Policía y el Ejército están facultados para disolverlas; incluso, si estuviesen autorizadas pero desembocaran en violencia.

Además, se impedirá la emisión en cualquier medio de comunicación, mensajes que atenten contra la paz y el orden público. Conatel quedó autorizado para suspender cualquier radioemisora, televisora o sistema de cable que llame a la insurrección.

Se le ordenó a las autoridades del país detener a cualquier persona que atente contra su vida o la de los demás. También desalojar todas las instalaciones de instituciones públicas que se encuentren tomadas.

Finalmente, el Gobierno hizo un llamado a los manifestantes afines a Zelaya a deponer las actitudes de confrontación y a acatar las disposiciones.

En la última semana, los zelayistas han protagonizado actos vandálicos y saqueos en la capital, provocando millonarias pérdidas, en nombre de una ‘resistencia nacional’.

Miembros de OEA devuletos

La tarde de ayer, al considerar que la crisis política les compete solucionarla a los hondureños y no es un asunto que atente contra la paz nacional ni internacional, la Cancillería de Honduras no permitió ayer el ingreso de cuatro funcionarios de la Organización de Estados Americanos, OEA.

El canciller Carlos López Contreras informó que incluso ellos estaban advertidos de que no era el tiempo para llegar al país, por lo que no se trató de una deportación.

“Cayeron un poco de sorpresa, estaban prevenidos de que no estaba lista la oportunidad procesal para su llegada. Es de todos ustedes conocido que existe un proceso en marcha de conversaciones, de intercambios, en la búsqueda de un acuerdo a lo que llamamos ‘una solución hondureña’.

Honduras es un país cuyos habitantes tienen por costumbre sentarse en una mesa de diálogo y lograr acuerdos. Me parece, siendo éste un tema fundamentalmente interno de Honduras, que de ninguna manera pone en riesgo ni la seguridad y ni la paz internacional, que se debe dar oportunidad a que se busque un acuerdo que no ha sido sorprendente en Honduras en el pasado.

Ésa es la razón por la cual, habiendo llegado unos funcionarios claramente advertidos de que no deberían anticipar su presencia, se les instara a que regresaran. Se les dijo que oportunamente se les iba a notificar”, informó el canciller López Contreras.

Agregó que a uno de los funcionarios se le permitió quedarse por una circunstancia muy particular, ya que es un cercano colaborador de la mediación con Costa Rica.

El canciller y la vicecanciller Martha Lorena Casco aclararon que la situación no debe interpretarse como una acción para confrontar a la comunidad internacional.

Negociaciones se mantienen

López Contreras informó que se sigue considerando la visita de la comisión propuesta por el ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, y que continúan las conversaciones para el retorno de los cancilleres de la OEA. El funcionario recordó que la comisión pasada era de cancilleres, acompañados por funcionarios de la OEA, y que ése es el enfoque que se le dará a la próxima misión.

Señaló que reconocen al secretario general de ese organismo, José Miguel Insulza, pero que el informe que presentó para que Honduras fuera suspendida de la Asamblea General ha sido descalificado por la propuesta de Óscar Arias y el informe de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que considera legal la destitución de Manuel Zelaya.

La vicecanciller reclamó una reacción de la comunidad internacional ante la presencia de Zelaya en una embajada en la cual está generando un lenguaje que llama a la subversión.

“No han expresado nada respecto a la situación de Zelaya dentro de la embajada. Hay que medir y balancear y el estatus de Zelaya no ha sido definido, por lo que no nos permite abrir una acción con la comunidad internacional”, dijo.

Los tres delegados de la OEA llegaron ayer a Costa Rica, donde permanecerán hasta hoy.

Los tres enviados de la OEA son Jessica Benítez, Adam Blackwell y Claudia Barrientos. Se informó que eran dos americanos, un canadiense y un colombiano. “Uno fue deportado directamente a Estados Unidos y tres irían camino a Costa Rica”, informaron fuentes de Migración.

Sólo se permitió el ingreso del diplomático chileno John Biehl porque participa en la negociación del Acuerdo de San José.

“Lamentamos esta decisión y la consideramos incomprensible, pues el Gobierno de Honduras había aceptado la próxima visita de la misión de cancilleres y de la comitiva de la OEA que tenía por objetivo efectuar los preparativos de la misma”, reaccionó el secretario general Insulza.

“Acciones como la adoptada hoy por las autoridades hondureñas del régimen de facto dificultan seriamente los esfuerzos por promover la tranquilidad social en Honduras y la búsqueda de soluciones del actual conflicto político con base en el diálogo y la reconciliación nacional”, agregó. Insulza dijo que informará hoy al Consejo Permanente para que decida sobre las acciones de la Organización.

No obstante, el secretario general aseguró que la OEA seguirá comprometida con la “búsqueda de la solución pacífica a la crisis que afecta al pueblo hondureño”.

Ayer se supo que no se les permitió ingresar en el país a dos funcionarios no diplomáticos de la embajada española en Tegucigalpa que regresaban de vacaciones y fueron enviados a su país.

Aplican la misma medida

El Gobierno de Roberto Micheletti ha exigido “medidas de reciprocidad inmediatas” a España, Argentina, México y Venezuela, que unilateralmente rompieron relaciones con el país.

La Presidencia anunció que “no recibirá a los agentes diplomáticos de tales países, salvo que sus respectivos Gobiernos procedan a negociar con la Cancillería de la República el restablecimiento de las mismas” y se solicitó a esas naciones “la retirada con urgencia de los locales que ocupaban las embajadas los distintivos y banderas que identificaban a sus Estados”.

El canciller dijo ayer que seguramente en esos países han tomado nota.

“Creo que han tomado nota los Gobiernos de la comunicación verbal y que se ha girado a todos y cada uno de ellos (...), de tal manera que no creo que se tomen el riesgo de que no se les admita”, indicó.

Sobre la admisión del canciller de España, Ignacio Rupérez, expresó: “Basta con una comunicación del Ministerio de Asuntos Exteriores de España comunicando a la Cancillería de Honduras que la situación creada con el retiro de su rmbajada y el desconocimiento de nuestro embajador en Madrid ha terminado y que proponen el restablecimiento de relaciones diplomáticas”.

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Cadena Nacional - 27 de Septiembre, 2009

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