Juicio político cobra fuerza para evitar otro 28 de junio

Los miembros de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, CVR, emitieron ayer opiniones más amplias sobre sus recomendaciones en el voluminoso informe. Uno de los puntos relacionados con el ámbito constitucional para evitar confrontaciones es la creación del juicio político.

La creación de la figura que recomienda la CVR cobra fuerza porque, según los expertos, serviría de alternativa para evitar cualquier crisis política como la del 28 de junio de 2009, día en que se derrocó del poder al expresidente Manuel Zelaya.

Los comisionados Michael Keirg de Canadá y Julieta Castellanos de Honduras comparecieron en el programa de debates “Frente a frente”, en el que tuvieron la oportunidad de ampliar los hallazgos del informe denominado “Para que los hechos no se repitan”. No obstante, el punto central de la comparecencia fue la recomendación de crear el juicio político.

“Si un Presidente está fuera del límite de la Constitución, ahí está el juicio político, que debe funcionar para los titulares de los poderes de Estado”, manifestó el comisionado Keirg.

Según las recomendaciones de la CVR, para evitar que vuelvan a ocurrir las confrontaciones interinstitucionales del tipo de la que concluyó con la captura y expulsión del expresidente Zelaya es necesario que la Constitución política establezca la figura del juicio político y fijar escrupulosamente sus procedimientos.

Sin procedimiento

Según la comisionada Castellanos, que también es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Unah, si existiese la figura del juicio político, el pueblo de Honduras se habría evitado una de las peores crisis políticas de los tiempos modernos.

Según el informe, la Constitución hondureña no tiene un procedimiento suficientemente claro de la responsabilidad institucional para tratar la situación de un alto funcionario del Gobierno, como fue el caso de Zelaya, “que atentó contra las normas constitucionales positivas con el fin de buscar un cambio constitucional y la entrada de un nuevo régimen”, señaló la CVR.

“Un Presidente no puede estar sometido a que lo saquen porque ellos quieren. Debe haber un juicio político porque el Congreso Nacional puede ser fácilmente influenciado. Aquí lo que pasó en la crisis es que el Congreso se extralimitó porque no tenían facultades para sacar y nombrar a otro Presidente”, agregó Castellanos.

Principio de la crisis

La comisionada hondureña especificó que en ningún momento existieron presiones de algún sector para manipular el informe, extremo que compartió Keirg.

“Y ahora que podemos hablar abiertamente de la crisis porque antes teníamos que callarnos para no alterar el informe, el día decisivo en que empezó la crisis política fue cuando ocurrió la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De ahí en adelante, el país entró en una confrontación mayor que se volvió irreversible cuando surgió la consulta popular”.

Castellanos recalcó que el golpe de Estado al Ejecutivo, como lo reconoce la CVR, se suscitó en el ámbito político que estaba gobernando y era dirigido en todas las esferas por el Partido Liberal.

“La crisis no se procesó en el Estado; pudo pararse con una negociación política, pero ésta fracasó. En el momento en que todas las instituciones judiciales dicen que la consulta que quería llevar a cabo Zelaya es ilegal se da una confrontación entre el Gobierno y el resto del Estado”.

Según la CVR, el jueves 25 de junio de 2009, la Corte Suprema emitió la orden de captura contra el expresidente Zelaya y, en ese preciso momento, la élite política involucra a las Fuerzas Armadas de Honduras, que tendrían uno de los papeles principales en el desenlace de la crisis.

“Por un lado, el Gobierno les dijo a los militares que administraran la consulta; por el otro, los tribunales de justicia les decían que era ilegal el proceso. También la sociedad civil presionaba, las Iglesias, los empresarios, los medios de comunicación y los oficiales en condición de retiro. Los militares ejecutan la orden de captura, pero no de manera correcta”, agregó Castellanos.

Hechos en la Fuerza Aérea

Julieta Castellanos recordó que la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público dijeron no a la consulta popular de la que Zelaya se había vuelto principal impulsor.

“Recordemos cuando las urnas fueron incautadas por el Ministerio Público y enviadas a las instalaciones de la Fuerza Aérea. ¿Qué hizo Zelaya? Fue a sacar las urnas de la base aérea con un grupo de sus seguidores. Un funcionario no puede llevar al caos a la población como sucedió ese día”.

La rectora recalcó que ese día pudo darse un desenlace fatal porque hubo pleno desacato del Ejecutivo y que el Estado trató de detener la consulta por la vía institucional, pero no se pudo.

“Por eso insistimos en la creación del juicio político. El expresidente Zelaya creía que por tener a los militares y policías bajo su control, nadie lo sacaría y quiero afirmar algo: si el Presidente se estaba excediendo, se debieron tener otras instancias como el juicio político, que no existe, pero se debe crear”.

Ampliando sus conocimientos, Julieta Castellanos criticó fuertemente que se haya involucrado a los militares en la crisis política desde mucho antes por el gobierno de Zelaya.

La rectora ejemplificó que se nombró una junta interventora para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, conformada por militares cuando éstos no tienen experiencia en el área energética. Además cuestionó que se les involucrara en la construcción de un aeropuerto comercial en Palmerola, Comayagua, cuando ellos no son constructores en ese sentido.

Parálisis del Estado

Según Castellanos, el Estado de Honduras entró en parálisis el jueves 25 de junio de 2009, tres días antes de que se sacara a Zelaya del poder. “El último acto del Legislativo fue nombrar ese día una comisión para que investigara la conducta del expresidente Zelaya y, por parte del Poder Judicial, su última actuación fue emitir la orden de captura. Después de eso les dejaron todo a las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor decidió sacar a Zelaya del país y expatriarlo a Costa Rica”.

La orden para los militares era apresar a Zelaya y presentarlo ante un juez, pero decidieron sacarlo del país argumentando “estado de necesidad”. Para la rectora, esta figura no existe después de que la CVR consultara a expertos.

“Esa tesis de estado de necesidad cae por ella misma porque cuando el ex-Presidente entró en la embajada de Brasil; lo que hicieron fue poner un toque de queda de inmediato. Cuando lo capturaron, pudieron hacer lo mismo para enjuiciarlo. Dicen que lo sacaron para evitar muertes, pero, el 21 de septiembre, Zelaya entró en el país y los militares y polícias tenían el control”.

La orden de captura

Aunque la Comisión de la Verdad señala en su informe que la renuncia leída en el Congreso Nacional el 28 de junio es falsa, según los testimonios recabados, la orden de captura contra Zelaya, firmada por el juez magistrado Tomás Arita el 25 de junio, tiene respaldo.

“La orden de captura que se nos presentó tiene fecha 25 de junio de 2009. Arita llamó al juez ejecutor el fin de semana y le entregó la orden. Quien dio la orden de sacar al ex-Presidente fue el Estado Mayor, pero quiero señalar algo: la clase política consultada dijo que se dieron cuenta de la captura de Zelaya por televisión. La impresión es que ellos apagaron sus celulares”.

La CVR notificó en su informe que el último hecho público de Manuel Zelaya fue el 27 de junio por la noche, acompañado por el cuerpo diplomático desde Casa de Gobierno.

“Tenemos información de que la noche de ese sábado hubo intensas reuniones. Dejaron solas a las Fuerzas Armadas, dirimiendo un conflicto. Ya veníamos de un proceso de reforma militar, pero el presidente Ricardo Maduro sacó a los militares a la calles para hacer patrullajes”, cuestionó la rectora de la Unah.

Para Castellanos y Keirg, la última oportunidad de Zelaya para detener la crisis fue cuando su ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció al cargo porque los tribunales ya les había dado la orden a las Fuerzas Armadas de no apoyar la consulta popular que llegó a conocerse como cuarta urna.

“La última oportunidad de Zelaya fue ésa porque el día que sacó las urnas de la Fuerza Aérea fue el detonante. Recuerdo que estaba en la Unah cuando se nos informó y empezamos a sacar por edificios a los alumnos. La gente llamaba muy preocupada. Aunque Zelaya desacató la ley, no justifica el golpe de Estado y es lo que estamos tratando de dar a entender con este informe para que no se repita y, aunque no es vinculante, se pueden seguir las recomendaciones”.

El trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó tras la presentación del informe. Tanto Castellanos como Keirg aseguraron que no han tenido ningún tipo de presión y, en lo que respecta al diplomático canadiense, afirmó que nunca había trabajado en un informe con tanta libertad.

Lobo Sosa prometió cumplir las recomendaciones de la CVR.