Ofrecen 5,000 hectáreas más a campesinos

Aunque los campesinos que han invadido veintiún fincas en el Bajo Aguán obtuvieron once mil hectáreas de tierra, cinco mil más que las ofrecidas hace una semana por el Gobierno, la última palabra la dirán el sábado 17 en Trujillo.

pdf del Acta de compromiso firmada por el Gobierno y los campesinos del Muca

Después de catorce horas y media, los campesinos agrupados en el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Muca, y el Gobierno de la República firmaron un acta-convenio con el compromiso de ratificar el acuerdo definitivo que se firmará en Colón.

A las 5.30 de la madrugada de ayer, los campesinos y los representantes del Gobierno brindaron una conferencia de prensa en la que el designado presidencial y coordinador de la comisión del diálogo, Samuel Reyes Rendón, especificó la distribución de las once mil hectáreas.

Informó que inmediatamente se adjudicarían tres mil hectáreas cultivadas de palma africana y tres mil no cultivadas.

En un año a partir de la firma del acuerdo darán las otras mil hectáreas cultivadas de palma africana y las restantes cuatro mil no cultivadas y adjudicadas.

El acta-compromiso agrega que si de la remedida resultara el excedente del sobretecho, la totalidad del mismo se adjudicará de inmediato al Muca mediante el pago de mejoras, deduciendo las mil hectáreas cultivadas antes dichas.

Acuerdan otros beneficios

El Gobierno se comprometió a desarrollar con el Muca proyectos sociales de salud y educación e iniciar el proyecto de cien viviendas en dos años lo que permitirá mejorar los niveles de vida de las familias campesinas afiliadas a los 28 grupos del movimiento.

De la misma manera, el Instituto Nacional Agrario, INA, ejecutará un análisis técnico y financiero en coordinación con un equipo de técnicos propuestos por el Muca y financiados con fondos del Estado para determinar la situación actual de las plantaciones que determinen la factibilidad productiva y la rentabilidad de ellas, estableciendo un justiprecio.

“Para ambos casos, el Gobierno proporcionará los recursos que permitan la adquisición de las tierras y los grupos campesinos asumirán la deuda que deberá ser pagada al Gobierno con condiciones especiales (bajas tasas de interés a largo plazo)”, explican en el acta-compromiso.

A consultar bases

Aunque los representantes del Muca firmaron el acta-compromiso ayer en la madrugada en Casa de Gobierno, el portavoz del grupo, Rudy Hernández, explicó que tienen que consultar con sus bases en el Bajo Aguán el sábado.

“Creemos que a pesar del tipo de negociación que hemos hecho en medio de muchas presiones, no podemos decir que es el fin del conflicto, pero iremos a las bases a presentar esta acta-compromiso. Reconocemos que se nos ha otorgado más tierra, pero vamos a las bases a entregarles este compromiso”, manifestó Hernández.

El portavoz del Muca añadió que están obligados a concordar con las bases porque ése es un principio que mantienen desde el inicio del conflicto. Aseguró que si a las bases no les parece el acta-compromiso, “todo queda desechado, pero creemos que las bases aceptarán.

Sabemos que necesitamos una nueva legislación para que los conflictos agrarios terminen. También hemos logrado, mediante el acta-compromiso, la desmilitarización de la zona del Aguán”, expresó Hernández.

Sobre la presencia militar y policial en el departamento de Colón, Atlántida y Cortés, el Gobierno de la República justificó que se debe al desarme amparado en la ley.

Militares no se retirarán

El designado presidencial Samuel Reyes dijo respecto a la presencia militar en Colón, que los operativos que se desarrollan allí son exclusivamente para el desarme, por lo que no afirmó que los militares se retiren inmediatamente de la zona.

“Los militares se retirarán después de que los campesinos desalojen las fincas invadidas. Ésta ha sido una larga negociación, pero creemos que ha sido positiva para todos los sectores involucrados.

Sobre el precio de las tierras aún no podemos atrevernos a dar un valor. Eso se hará mediante una valoración profesional para saber lo que en realidad cuestan las tierras. Aún no tenemos el dato exacto de lo que recibirán los empresarios agroindustriales por estas tierras”, explicó el director del Instituto Nacional Agrario, INA, César Ham.

Al respecto, el presidente Porfirio Lobo Sosa señaló que la firma del acta-compromiso que se ratificará el sábado “es una solución que le da paz y tranquilidad a la zona. Esto no va a sentar un mal precedente, sino una forma de dar respuesta al conflicto y que la gente tenga acceso a la tierra, al trabajo, la paz y la seguridad”.

Otros puntos del acta

Quedó establecido en el acta-compromiso la conformación de una comisión técnica jurídica integrada por un representante del INA, uno de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, uno de la Presidencia y tres miembros del Muca con el objeto de rendir en noventa días un informe sobre la procedencia o consistencia técnica o legal de la compra venta. Otro punto que había sido plenamente discutido entre campesinos y empresarios fue el de los contratos de coinversión y participación.

Según el acta, este punto quedará sujeto al conocimiento posterior de experiencias exitosas en la región, “quedando, en el caso de no estar convencido de sus beneficios, proponer otra modalidad de contrato que resulte más adecuada a los intereses del Muca, para lo cual el Gobierno financiará los costos de movilización de una comisión integrada por miembros del Muca”, acordaron.

También acordaron crear dos instancias para darle seguimiento al cumplimiento del acuerdo: un organismo de monitoreo independiente propuesto por el Muca y el Gobierno y una comisión nombrada por el presidente Lobo Sosa.

Tras la firma del acta-compromiso y la posterior ratificación, el Gobierno de la República y campesinos del Bajo Aguán ponen fin a un conflicto que dejó alrededor de diez muertes, entre campesinos y guardias de seguridad de las fincas de palma africana.

También se pondrá fin a la invasión las 21 fincas que son propiedad de los empresarios agroindustriales de la zona. Aunque aún no se conoce el precio que el Gobierno pagará a los dueños de la tierra, se cree que serán alrededor de 1,200 millones de lempiras.