Medio millón cobran al mes maras en Villanueva

Además del pago del “impuesto de guerra” a los pandilleros, los comerciantes están obligados a suplirles a los miembros de esas agrupaciones criminales gastos por imprevistos, como la compra de repuestos para arreglar sus carros y para la defensa de sus compañeros cuando caen presos.

Por ese cobro ilegal, las maras obtienen del sector transporte unos 500 mil lempiras al mes y en los establecimientos que extorsionan recaudan unos setenta mil lempiras.

Los negocios más afectados funcionan en las colonias Gracias a Dios y La Victoria, en el sureste de Villanueva, cerca de los lugares donde los pandilleros residen.

Según las averiguaciones de la Unidad de Investigación de LA PRENSA con vecinos afectados y autoridades de la ciudad, en esas dos colonias unos cincuenta negocios son víctimas del cobro del “impuesto de guerra”.

Las tarifas que los mareros cobran a los establecimientos comerciales oscilan entre 300 y 500 lempiras a la semana, que les generan más de setenta mil lempiras al mes. Entre los negocios agraviados hay billares, pulperías, talleres, distribuidoras de repuestos, tiendas de novedades y abarroterías.

Apatía de la Policía

Los pandilleros suelen visitar a los dueños de los negocios para exigirles dinero cuando tienen emergencias, como la contratación de abogados para que defiendan a sus compinches al ser apresados.

“En otros casos llegan adonde los propietarios de tiendas de repuestos y talleres y les dicen que ocupan baterías para los carros y cuando se les arruinan los vehículos les exigen que les den repuestos para arreglarlos”, relató uno de los afectados, que por razones de seguridad no se identificó.

El entrevistado declaró que, dependiendo de a qué se dedique el comerciante, también lo despojan del producto que vende cuando necesitan suplir sus necesidades.

Según el relato de vecinos abordados por LA PRENSA, en esos barrios hay personas que han tenido que cerrar sus negocios por temor de que les pase algo porque sus utilidades no les dan para pagarles a los mareros.

Algunos de los afectados dijeron que se han acostumbrado a convivir con el problema, “lo vemos como normal y eso es malo, pero lo peor es la apatía de las autoridades policiales ante el problema”.

Buses pagan 500 semanales

En esta ciudad circulan unos 150 buses, incluyendo los que cubren la ruta de San Manuel y la aldea El Plan de ese municipio. Cada uno paga un promedio de 500 lempiras semanales a los pandilleros.

Los conductores de mototaxis también son obligados a entregarles a los integrantes de esas organizaciones ilícitas una tarifa semanal de 200 lempiras por unidad. En Villanueva hay unos 125 mototaxis.

El monto que los mareros les cobran cada mes a los buses rapiditos y convencionales en Villanueva asciende a unos 300 mil lempiras.

La cantidad con que esquilman a los mototaxis es de cien mil lempiras al mes, en promedio.

En el cobro a los taxis, los pandilleros se agencian unos cien mil lempiras mensuales.

En el sector transporte, el “impuesto de guerra” les deja al mes a los pandilleros aproximadamente 500 mil lempiras, que sumados a la cantidad que cobran a los negocios afectados hace un promedio de 570 mil lempiras mensuales.

Las pandillas cobran el “impuesto de guerra” el viernes en Villanueva.

Transportistas entrevistados relataron que lo que primero que deben hacer el viernes es el dinero del “impuesto de guerra”, porque de eso depende su vida, ya que los mareros amenazan con matarlos si no cumplen el pago.

No hay respuesta

Dirigentes empresariales y de las fuerzas vivas señalaron que hay una tasa de seguridad y que en los últimos tres años se han invertido cerca de cuatro millones para apoyar a la Policía.

Parte de ese dinero se invirtió en reconstruir toda la sede policial.

También le compraron a la Policía diez motocicletas y tres automóviles.

“La tasa de seguridad de alguna manera ha servido para apoyarlos, pero hemos sentido que no tenemos respuesta oportuna de las autoridades policiales”, dijo uno de los entrevistados.

Señaló que uno de los problemas es que actividades delictivas como el cobro del “impuesto de guerra”, que es una extorsión, las manejan las autoridades policiales de San Pedro Sula y el seguimiento de los casos no es igual.

Otro inconveniente es que en Villanueva sólo hay 45 agentes y la población es de 120 mil habitantes.

Cobro en Choloma

En esta ciudad también el sector transporte es el más afectado por el cobro extorsivo de las maras. Empresarios de esta área indicaron que, en el caso de los taxis, algunos colegas suyos tienen tres unidades y los obligan a pagar hasta tres mil lempiras a la semana por “impuesto de guerra” para que dejen trabajar las unidades. En Choloma hay 233 taxis.

Los empresarios abordados declararon que, en ciertos barrios, los taxistas, para entrar a trabajar, tienen que pagar cien lempiras.

Indicaron que le han planteado el problema a la Secretaría de Seguridad y la Policía Preventiva y no han obtenido respuesta.

En el municipio de Choloma operan diez empresas de buses y a cada una los miembros de las pandillas les cobran ocho mil lempiras cada semana. Los encargados de las rutas y despachadores recogen el dinero para tenerles listo el pago a los mareros.

Otro problema al que se enfrentan los transportistas de este municipio son los asaltos diarios en los buses. Empresarios que hablaron con LA PRENSA señalaron que uno de los sectores peligrosos es el tramo comprendido entre las casetas de peaje y Choloma.

Como en las otras ciudades, los miembros de las maras a veces le exigen a los transportistas otras cantidades de dinero de 15 mil a 20 mil lempiras, aparte del “impuesto de guerra”, para sufragar gastos de emergencia.

La tarifa que cobran esas agrupaciones ilícitas en los establecimientos comerciales son de 200 hasta dos mil lempiras semanales.
En lugares de Choloma como la colonia Rubí, Río Nance y Quebrada Seca, muchas personas se han ido y han dejado botados sus negocios y casas por las maras y en especial por los cobros que hacen esas agrupaciones criminales.

Extorsiones telefónicas

Los comerciantes y los pequeños y medianos empresarios del municipio de Choloma también sufren debido a las extorsiones por teléfono.

Las cantidades que les piden a los afectados oscilan entre 10 mil, 20 mil y 50 mil lempiras, dependiendo del tamaño del negocio.

Dirigentes empresariales manifestaron que la mayoría de los comerciantes han sido afectados por ese ilícito, pero no pueden cuantificar el monto que paga el comercio.