El fin de una administración Caótica

Manuel Zelaya Rosales abandona hoy Honduras dejando al país entero dividido y el recuerdo de un gobierno improvisado y salpicado de numerosos escándalos pendientes de aclarar.

Zelaya Rosales, un empresario agrícola forestal que asumió el poder en el 2006 en sustitución de Ricardo Maduro, dio un giro a la izquierda en el segundo año de su mandato y luego anunció que Honduras se sumaría a la Alianza Bolivariana para las Américas, Alba.
Un año después, el 25 de agosto de 2008, Honduras se adhería a esta organización impulsada principalmente por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, e integrada por Cuba, Bolivia y Nicaragua, entre otros países.

Analistas vaticinaron en ese momento que la estrategia chavista sólo serviría para sembrar la división en el país, porque la alianza fortalecería el avance de la plataforma ideológica izquierdista del mandatario venezolano en el territorio nacional.

Zelaya definió a su Gobierno, que duró tres años y medio, como el del “Poder ciudadano”, pero atrajo las críticas de los sectores económicos e intelectuales porque su gestión sólo respondía a fines populistas cuyo propósito era la conformación de una constituyente que le permitiera reformar la Constitución de la República.

El ex mandatario inició el 2009 decidido a celebrar el 28 de junio una consulta popular orientada a reformar la Carta Magna, en contra de la resolución de los órganos de justicia que dictaminaron que la encuesta era ilegal.

La mañana del 28 de junio fue destituido por incumplir las leyes del país y trasladado a Costa Rica. Pasó tres meses en el extranjero y otros cuatro encerrado en la embajada de Brasil de donde sale hoy rumbo a República Dominicana.

La administración Zelaya Rosales se caracterizó por muchas improvisaciones, excentricidades y actos de corrupción, muchos de los cuales son ventilados actualmente en los tribunales del país.

El 13 de marzo abandonan un lujoso jet en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. Ninguna persona se acreditó como el propietario. Las investigaciones de la Fiscalía no produjeron efectos y al final el jet fue subastado. Las autoridades dijeron que el avión pudo ser adquirido con dinero producto de actividades ilícitas. El jet blanco fue valorado en 12 millones de dólares y estuvo abandonado en Toncontín más de un año.

A inicios de 2007 surge un escándalo por un proceso de licitación, en esta ocasión del Banco Central de Honduras. El banco concedió a un grupo de tres empresas extranjeras el suministro de 330 millones de billetes. La empresa argentina Ciccone Calcográfica S.A. demandó al Estado de Honduras porque el BCH favoreció a las demás oferentes.

En marzo de 2007 estalla el escándalo de tráfico gris en las llamadas internacionales en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel. El Congreso Nacional pidió a la Fiscalía General de la República que investigara los excesos que estaba cometiendo el entonces subgerente de la estatal, Marcelo Chimirri. El 10 de noviembre la Policía Preventiva y Ministerio Público allanan casa del ex gerente de Hondutel por suponerlo principal sospechoso de espionaje telefónico al grabar conversaciones entre el presidente Zelaya y algunos de sus funcionarios. El 17 de noviembre queda fuera de Hondutel.

Caso de corrupción documentado y judicializado. En abril del 2006 se produjo una licitación para la compra de emergencia de medicamentos. El entonces ministro, Orison Velásquez (QDDG) otorgó la licitación a la farmacéutica Hilca, la que estaba insolvente con la Secretaría de Salud, aún así el ex ministro permitió que participara en la licitación proveyéndoles una constancia de solvencia. Meses después, Velásquez renunció y hasta el momento de su muerte acudía una vez al mes a estampar su firma en los juzgados capitalinos.

A dos meses de haber tomado posesión aflora el primer caso de corrupción en la administración de Manuel Zelaya Rosales. El responsable fue el entonces ministro de Turismo, Ricardo Martínez, quien aparentemente abusó del poder para que dos extranjeros libaneses y dos bosnios ingresaran al país.

El Tribunal Superior de Cuentas intervino el Instituto de Formación Profesional, Infop, dirigido entonces por Leonor Meza por haber entregado cheques a nombre de la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de Honduras, CTH, Altagracia Fuentes, (QDDG) Según la denuncia los cheques tenían un valor superior a los tres millones de lempiras.

El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, detecta irregularidades en la compra de 350 mil calcomanías que el gobierno de Zelaya pretendía utilizar en el programa “Hoy no circula”, proyecto fracasado que buscaba ahorrar combustibles.

La Fiscalía intervino la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Soptravi, por supuestas irregularidades. La Fiscalía contra la corrupción dijo que en las oficinas de San Pedro Sula de la Secretaría existen en la planilla 600 empleados y sólo laboran 20.

Gobierno de Zelaya se salpica por corrupción por la denuncia de tráfico ilegal de al menos 15 cubanos. Renuncia a su puesto el director general de Migración, German Espinal y el secretario de la Cancillería, Juan Ramón Rivera. Espinal fue designado embajador de Honduras en Venezuela.

El Tribunal Superior de Cuentas inicia investigación al Ejecutivo por compras directas de 250 megas de energía, remodelación del Estadio Nacional y la adquisición de 300 mil quintales de fertilizantes. El gobierno de Zelaya valoró las compras en 6 mil millones de lempiras.

Dictan auto de prisión a la directora del Patronato Nacional de la Infancia, Pani, Rosario Godoy. La ex funcionaria recibió auto de prisión con medidas sustitutivas por malversación de fondos, abuso de autoridad y falsificación de documentos.

Autoridades intervienen la Dirección General de Aeronáutica Civil que dirigía Guillermo Seamman, por extender permisos a pilotos venezolanos. Seamman fue acusado en los tribunales y se le otorgaron medidas cautelares. Se presenta una vez al mes a los Juzgados Unificados a firmar.

El ex presidente de Conatel, Rassel Tomé, otorgó la frecuencia de canal 8 al Gobierno. Desobedeció la sentencia judicial que señaló que la frecuencia correspondía a la empresa Edil S.A. por lo que los tribunales emitieron auto de prisión. Ya sin ser funcionario se le dictaron medidas sustitutivas. Tomé se presentaba a los juzgados a estampar su firma una vez a la semana, pero se convirtió en prófugo de la justicia desde que se refugió en la embajada de Brasil. También fue acusado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El TSC entregó al Ministerio Público un informe en donde reveló el saqueo millonario efectuado en el Fondo Hondureño de Inversión Social, Fhis. El despilfarro, según el Tribunal, fue de 30 millones de lempiras los cuales fueron trasladados al despacho de la Presidencia para utilizarlos en la campaña publicitaria de la cuarta urna.

El TSC denunció que unos L 150 millones fueron retirados del BCH para promover el proyecto de la cuarta urna.

El Ministerio Público acusó a inicios de 2009 al entonces secretario de Defensa, Arístides Mejía, por sacar armas sin autorización de Naco, Cortés. El ex funcionario fue acusado por abuso de autoridad cuando fungió como miembro de la junta interventora de la Enee al permitir el alquiler oneroso del actual edificio de la estatal. En la actualidad tiene orden de captura y es considerado prófugo de la justicia.

Tres gerentes de Hondutel en determinados tiempos pero de la ex administración fueron acusados por la Fiscalía de haberse dejado sobornar para rebajar tarifas al carrier internacional, LatiNode. Los ex gerentes Jacobo Lagos, Marcelo Chimirri y Jorge Rosa, junto con el ex representante legal de la estatal, Danilo Santos. LatiNode aseguró haber pagado 1.9 millones de dólares a funcionarios de Hondutel.

Los Juzgados libraron orden de captura contra Zelaya y cinco de sus funcionarios por el retiro de 10 millones de lempiras supuestamente para el presupuesto de la Guardia de Honor Presidencial. Son considerados prófugos de la justicia por este delito el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza; la ex ministra de Finanzas, Rebeca Patricia Santos; el ex presidente del Banco Central, Edwin Araque; el ex viceministro de Finanzas, José Antonio Borjas Masis; el ex tesorero del Banco Central, José Francisco Young y el ex ministro del staff Presidencial, Hernán Jacobo Lagos.

Desvío de 2.8 millones de lempiras desde la Empresa Nacional Portuaria, ENP, dirigidos a proyectos que resultaron fantasmas. Los cheques se giraron una semana antes del 28 de junio, día en que efectuaría la consulta popular.

Empleados del Ejecutivo con órdenes del ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, retiraron del Banco Central de Honduras en carretillas L 40 millones. El dinero era parte del presupuesto de la Secretaría de Seguridad. Por este delito los Juzgados libraron orden de captura contra Flores Lanza.

Zelaya fue acusado por la Fiscalía por emitir decretos de emergencia para retirar dinero y usarlo en gastos de publicidad. Por este mismo delito existen órdenes de captura contra los ex funcionarios de Zelaya: el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, la ex ministra de Finanzas, Rebeca Santos y el entonces jefe del staff presidencial, Jacobo Lagos.