Amnistía política no procede dice el CAH
Honduras
La decisión del Congreso Nacional de estar dispuesto a otorgar la amnistía política contenida en el Acuerdo de San José, si las partes en conflicto llegan a un convenio, ha desatado una polémica entre juristas hondureños.
La amnistía anula la acción penal, es decir, el derecho del Estado a perseguir los delitos políticos y comunes conexos que se investigan, opinan algunos abogados, por tanto, para conceder ese privilegio no se requiere que exista condena judicial.
Sin embargo, para un sector del Colegio de Abogados de Honduras, CAH, la amnistía debe declararse con base en una sentencia dictada.
Para algunos, el Congreso asumiría una acción política y no jurídica.
El ministro de Gobernación, Óscar Matute, ilustró que existen dos tesis sobre la aplicación de una amnistía que deben ser estudiadas para resolver la crisis nacional.
“Hay una tesis que dice que no se puede aplicar si no ocurren ciertas situaciones de carácter procesal (que los amnistiados sean acusados o tengan sentencia)”.
Explicó que existen otras proporciones que aseguran que este perdón se extiende sin que necesariamente haya juicio contra presuntos culpables.
El ex director de fiscales, Dagoberto Mejía, apoya esta última memoria porque considera que es desgastante enjuiciar a alguien que al final será beneficiado con este olvido de penas cometidas.
El presidente del CAH, Óscar García, opina que la amnistía no procede porque no ha habido un juicio para los indiciados (el presidente Zelaya Rosales y sus ministros). “En este caso, dijo, el Congreso emitiría una amnistía por algo que no existe, debido a que no hay condena ni sanción. Como consecuencia, no hay nada que olvidar”.
Según el presidente de los abogados, si el Congreso decreta una amnistía, lo haría por un arreglo político, pero no por procedimiento jurídico.
Además, significó que el Congreso lo que ha hecho es abrir la puerta para debatir ese tema, siempre que no se violente la Constitución de la República.
La misma opinión tiene el obispo auxiliar de Tegucigalpa, monseñor Darwin Andino, quien señala que “para que haya amnistía primero tiene que haber condenación”.
Andino señala que los pactos políticos le han hecho daño a Honduras, “creo que eso no es pensar en la gente ni en el pueblo y toda esa situación nos ha llevado a lo que estamos pasando. Hay que apegarnos a la ley y no fomentar la impunidad”, subrayó el religioso.
“A los políticos les digo que hay que hacer las cosas bien de ahora en adelante porque este pueblo ha despertado y va a estar como un fiscalizador, como un auditor sobre los futuros gobernantes que lleguen a guiar los destinos de este país y me alegro porque ha despertado un gran gigante que estaba dormido”, expresó.
El abogado Raúl Pineda Alvarado afirma que la amnistía no toma en cuenta la conducta de los procesados, sino el delito cometido.
Explicó que se debe diferenciar la amnistía del indulto; mientras éste toma en cuenta la conducta antes de la comisión del delito y durante el cumplimiento de la pena, la amnistía es solamente por delitos políticos y comunes conexos definidos por el Código Penal como “un medio necesario para perpetrar el delito político, por lo que la amnistía no solamente anula la pena, sino la acción penal, o sea que cesa la persecución, mientras que el indulto es el perdón de la pena judicialmente impuesta. Ello implica que en el caso de la amnistía no es necesario que exista condena.
Pineda Alvarado señaló que todas las amnistías que se han dado en Honduras, excepto la de 1980, fueron otorgadas durante la tramitación de procesos o al inicio de investigaciones, pues la amnistía anula el derecho del Estado a perseguir delitos políticos y comunes conexos que se están investigando.
Juan Ferrera afirma que debe hacerse un esfuerzo para ayudar a la mediación, para encontrar la paz y la armonía.
Gobernación entrega informes de la Corte y TSC
Tegucigalpa. El Ministerio de Gobernación entregó ayer al presidente Roberto Micheletti los análisis de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, sobre los puntos que le conciernen sobre el plan de San José.
El ministro del ramo, Óscar Matute, llegó a Casa de Gobierno con la documentación en sobres sellados y dijo que no podía referirse al contenido de los mismos porque el mandatario lo hará cuando decida que es conveniente.
“No puedo hablar al respecto. Me toca dárselos al presidente Micheletti y él decidirá si se referirá al tema”, indicó.
Micheletti comisionó a Gobernación para que entregara a la Fiscalía, Corte, el TSC, el Tribunal Supremo Electoral y el Congreso Nacional copia del plan de San José a fin de que emitieran su opinión, en la rama que les corresponde, sobre la viabilidad de aplicar los acuerdos de la mediación y terminar con la crisis política nacional.
En el caso de la Corte y del Tribunal, la opinión solicitada era sobre la posibilidad de decretar una moratoria de seis meses de los juicios y pliegos de responsabilidades contra el ex presidente Manuel Zelaya y su gobierno.
