“Emergencias” eran el disfraz del derroche
Honduras
Adicional a los 50 millones de lempiras que el ex ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza, ordenó sacar de la bóveda del Banco Central de Honduras, el anterior Gobierno gastó 128 millones de lempiras en los últimos ocho meses para financiar la publicidad y logística de la ilegal cuarta urna.
El proyecto de la encuesta de opinión promovida por el ex presidente Manuel Zelaya se transformó en derroche e ilegalidad.
Los 128 millones de lempiras que gastó el Ejecutivo se autorizaron mediante irregulares decretos de emergencia, según informó una fuente confidencial del Ministerio Público, MP. Flores Lanza y Zelaya Rosales firmaron esos decretos violentando la Ley de Contratación del Estado porque no existían las condiciones que indica la norma para que se efectuaran los acuerdos.
No era emergencia
“Hay muchas anomalías, no se aprobaron los decretos en Consejo de Ministros y la cuarta urna no era algo de emergencia nacional”, indicó el informante.
La Ley de Contratación del Estado indica que las compras de emergencias, es decir sin licitación, se realizan cuando exista una calamidad pública por un desastre natural o cuando la prestación de un servicio público esté en riesgo, entre otras cosas.
Al producirse estos fenómenos, el Ejecutivo debe emitir un decreto especial en sesión de Consejo de Ministros, pero no ocurrió. El ente acusador prepara nuevos requerimientos contra el ex ministro por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Hace dos semanas, el fiscal Roberto Ramírez explicó que las investigaciones del MP han revelado que unos 128 millones se utilizaron en pago de publicidad, carteles, camisas, alquileres de edificios y comida.
La Fiscalía indaga más pesquisas para encontrar más decretos de emergencia emitidos para apoyar financieramente la cuarta urna, explicó la fuente. “Tenemos otros indicios que apuntan que el gasto para la cuarta urna es mayor de lo que hemos encontrado”, aseguró.
La cuarta urna era un proyecto que consistía en instalar un nuevo bombo en las elecciones generales de noviembre y el pueblo decidiría la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La idea no germinó porque la encuesta de opinión que se iba a efectuar el 28 de junio para aprobar la cuarta urna fue frenada por orden judicial y el material fue confiscado. La ilegalidad radicó en que el Congreso Nacional es el único facultado para decretar ese tipo de iniciativas, vía el Tribunal Supremo Electoral, TSE, pero Zelaya lo iba a hacer unilateralmente.
Por promover este delito contra la Constitución, el ex presidente Zelaya fue sustituido por el Congreso Nacional.
Una investigación del Tribunal Superior de Cuentas, TSC, confirma que al menos 50 millones de lempiras se despilfarraron en el proyecto.
El Ejecutivo impulsó el proyecto, lo que implicaría deducción de responsabilidades civiles y administrativas, aparte de las de tipo penal ya incoadas por el MP.
Sobre la cuarta urna, el TSC recibió varias denuncias, una de ellas refiere a una inversión de 600 millones de lempiras, de los cuales 50 ya están acreditados. “Sí, podemos decir que ya tenemos un dato de 50 millones que se gastaron en publicidad”, dijo Moisés López Alvarenga, director ejecutivo del TSC.
El funcionario prevé que en esta semana el ente tendrá un informe sobre los gastos en que incurrió el gobierno de Zelaya. El TSC tiene conocimiento de 50 millones de lempiras que se retiraron del BCH, pero es un caso manejado por la Fiscalía. Esta cifra es similar a lo que deducen las investigaciones del TSC en su informe preliminar. Sobre este caso, el MP interpuso un requerimiento fiscal en contra de Flores Lanza.
La Fiscalía lo supone responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, en perjuicio de la administración pública. Específicamente la acusación refiere al retiro de 40 millones de lempiras del BCH.
El Juzgado de Letras Penal, de Francisco Morazán, le libró orden de captura en su contra. Mientras se ejecuta la medida, la Fiscalía contra la Corrupción prepara otra acusación contra Flores Lanza, ya que se habría comprobado, mediante evidencias documentales, testificales y periciales recabadas, otra autorización para el retiro de 10 millones de dicha bóveda. El requerimiento fiscal se estaría interponiendo en el transcurso de esta semana.
